II

Nueva España

A. LAS GRANDES TRANSFORMACIONES DE MEDIADOS DE SIGLO

Entre las décadas quinta y sexta del siglo XVI se producen en la Nueva España transformaciones decisivas para el ser y la estructura del país. A un conquistador que hubiese regresado a la colonia en el año 60, tras una ausencia de cinco o seis lustros, tendría que costarle trabajo reconocer la sociedad que él y sus compañeros de armas empezaran a formar en las tierras del Anáhuac después de sojuzgarlas. Ya no vería en primer plano, lo cual encontraría muy natural dados los años transcurridos, a sus conmilitones, sino a los hijos de éstos, nacidos y criados aquí. Pero lo que ya encontraría menos natural sería que esta nueva generación fuese muy distinta a la suya en índole y costumbres y que hubiese sido casi completamente desplazada del gobierno y la administración por los peninsulares.

Ya no volvería a contemplar los rebaños de indios esclavos y de encomienda desfilar hacia los placeres auríferos de ríos y cañadas, donde sudorosos y hambrientos iban dejando poco a poco la vida para dársela, con el rico metal extraído, a empresas y anhelos de todo orden, material o espiritual, noble o innoble, benéfico o perjudicial... Asistirá ahora, en cambio, a otro espectáculo, esencial en la forma, pero muy distinto en el fondo: a la marcha por grupos de los nuevos forzados del trabajo, los indios de servicio o de reparto, a quienes se lleva por turnos hacia las ásperas montañas de la tierra fría para hacerles sangrar, desangrándose, un nuevo metal precioso, la plata, que ha reemplazado al oro, muy agotado ya, en la función de derramar copiosa riqueza.

Una sorpresa más recibiría cuando le saliesen al paso por todas partes individuos de nuevo color y presencia: negros, mestizos y mulatos; visión rara para él que sólo había conocido indios y blancos, y, como excepción, unos pocos negros.

Y todavía se haría cruces al notar que había desaparecido la anarquía de los primeros tiempos; la vida colonial se le presentará ahora bastante arreglada y concertada, siguiendo normas ya abundantes, dadas e impuestas por el rey y sus delegados, cuyo poder se ha vuelto efectivo: en los nuevos tiempos la rebeldía o la desobediencia cuestan caras.

Con estos trascendentales cambios y otros muchos de menor categoría se encontrará nuestro límite de la conquista. Y es que la colonia en breve tiempo había recorrido un largo camino.

Los conquistadores contaban poco ya. Viejos o enfermos los que quedaban, habían transferido a los hijos el cuidado de hacer valer sus pretensiones, pero rebajando mucho la entidad de ellas y moderando cada vez más el tono con que las formulaban: lo que casi rayara en exigencia se había reducido a mera súplica. Un gran aluvión de peninsulares —autoridades de diverso orden y nuevos pobladores— había convertido a los conquistadores y sus descendientes en pequeños islotes, fuertes a veces, que resistían los embates de los recién llegados gracias al sólido poder material adquirido en los primeros repartos —de encomiendas y tierras— y a la ayuda que todavía les prestaba el monarca en reconocimiento de los servicios hechos a la Corona.

El hallazgo de abundantes veneros de plata, primero en Taxco y luego en Guanajuato y Zacatecas, revolucionó completamente la vida económica colonial, revolución que vino a redondear el descubrimiento del sistema de amalgamación en frío por Bartolomé Medina. Cedió el oro el sitio a la plata; la exigua producción metálica a la exhuberante, casi ilimitada en posibilidades; la extracción superficial a la extracción profunda; el trópico abrasador a las montañas frías... Y creció, por la abundancia de yacimientos, el aventurerismo minero, y, debido a lo mismo, se impuso una nueva forma de trabajo obligatorio y nacieron pueblos y villorrios, y, a su vera, infinidad de estancias de ganados y haciendas agrícolas. La plata se convertirá en eje económico de la colonia: en torno de ella girará la economía y sobre ella se levantarán principalmente las grandes obras artísticas y espirituales de los novohispanos. También la plata mexicana será decisiva para la Metrópoli y Europa, pues a ambas más que a la Nueva España irán a parar sus torrentes; por eso la suplantadora del oro pesó tanto en la política colonial de la Corona hispana.

La abundante entrada de negros y el continuo cruce racial alteró profundamente la base humana de la colonia entre mediados y fines del XVI. Comenzó a crecer de modo notable el número de negros cuando se recurrió a su importación con el propósito de resolver el problema de la falta de mano de obra para las minas de plata y los ingenios y las haciendas de la zona tropical. La intemperancia de los españoles y el corto número de mujeres de su raza existentes en la tierra novohispana, fueron factores determinantes del rápido aumento de mestizos y mulatos. No serán todavía muchos a fines de siglo; pero su presencia no guarda proporción con su cantidad, pues viviendo casi todos, al menos los de vida regular, alrededor de los españoles, y siendo de hábitos callejeros, se tropieza muy a menudo con ellos en las ciudades y pueblos grandes, donde los blancos tienen por lo general su sede. Por ello los hispanos, que tanto recurren a sus servicios, se sentirán impresionados por el desarrollo de esos grupos sociales y lo pregonarán como motivo de preocupación desde mediados de la centuria.

La trasplantación del absolutismo a la Nueva España, como al resto de América, borró poco a poco la anarquía originada por el régimen semi-señorial de los tiempos de Cortés y Ñuño de Guzmán. Obra fue, aquella trasplantación, de la segunda audiencia y de los dos primeros virreyes, Mendoza, el prudente, que se distinguió por su tacto político, y Velasco, el severo, que sobresalió por su labor organizadora y justiciera. Con leales servidores al frente de la colonia, los monarcas pudieron ir de manera metódica reduciendo los derechos de los encomenderos, mermando las atribuciones de los concejos y sometiendo a unos y otros estrechamente a sus personas. Toda esta obra estaba ya muy cumplida hacia el año 60: la red de la autoridad real, en cuyo centro se hallaban el virrey y la audiencia, estaba para entonces bien establecida; sólo escapaban a ella algunas zonas marginales, del Norte principalmente, donde aún había personas poderosas —gobernadores y grandes hacenderos— que campaban por sus respetos.

B. LA SOMBRA DE FELIPE II

Pocos monarcas tendieron tan fuertemente su sombra sobre la Nueva España como Felipe II. No dejó la lejana colonia de sentir los coletazos de su carácter, ni de experimentar los imperativos tirones de su política general, o los más suaves y tolerables de sus empresas predilectas.

Examinemos en sus principales manifestaciones estas huellas felipenses.

1. LA DESCONFIANZA Y EL RIGOR CON LOS ALTOS MAGISTRADOS

El régimen general de su gobierno, cuyas raíces ya nos son conocidas, aplicólo Felipe II más rigurosamente aquí que en la Metrópoli. Aumentaban en él la suspicacia y severidad en proporción a la distancia. De ahí que pocos delegados reales padecieran las consecuencias de ambas en la medida que los de este reino ultramarino: daba oídos fácilmente el monarca a cualquier acusación contra sus más altos magistrados; procuraba agudizar sus rencillas para oponerlos unos a otros; los trababa de mil maneras y los atemorizaba con las vejatorias visitas; estrechábalos en la ejecución de sus disposiciones, reglamentándoles minuciosamente las facultades y exigiéndoles un celo sobrehumano… Al virrey Velasco, el Viejo, uno de los más nobles y humanitarios gobernantes que tuvo la colonia, sometióle el monarca a los peores tormentos morales. Sintiéndose desasistido por los que estaban obligados a apoyarle, suplicó Velasco al rey que le diese licencia para dejar el cargo. Pero Felipe, en lugar de acceder a lo que pedía o de interponer su autoridad para remover los obstáculos que se le oponían, dio oídos a las denuncias malévolas contra el virrey, y so pretexto de reducir la abrumadora carga que sobre él pesaba, le restringió los poderes, sujetándolo a los oidores de la audiencia, sus enemigos, que favorecían a los encomenderos en perjuicio de los indios; y no contento con esto, para amargarle sus últimos días, envió a la Nueva España al visitador Valderrama, quien deterioró todo lo que pudo la humanitaria labor indigenista de don Luis. Los naturales, enjuiciando públicamente a ambos, dieron una lección al monarca: nimbaron a Velasco con el honroso título de “Padre de los Indios” y macularon para siempre la memoria de Valderrama denominando a éste “Azote de los naturales”. Como el visitador se atuvo de manera estricta a las instrucciones de Felipe, al monarca iba indirectamente dirigida la acre censura que aquél se ganó en el desempeño de su misión.

Con el virrey Gastón de Peralta, que quiso de muy buena fe aplacar los ánimos encendidos por el torpe proceder de la audiencia en el delicado caso de la conjuración del Marqués del Valle, se comportó Felipe de igual manera que con Velasco. Algo podría excusarle esta vez el desconocimiento de la justificación virreinal, que fue interceptada por los oidores. De todas maneras, juzgó oyendo sólo a una de las partes —a la más interesada en enturbiar las aguas— y atropellándolo todo y dejando muy mal parada su fama de justiciero y de prudente, pronunció un fallo que deshonraba y escarnecía a su probo delegado, pues le destituía y le sometía a juicio; penas no menores por cierto que la de sufrir en seguida la inquisición de un visitador que hubiera hecho muy buen papel como jefe de sayones, el tristemente célebre Lie. Muñoz. Para dar una lección al desconfiado Felipe, la Providencia condujo por los caminos del azar el gobierno de la colonia a las manos más indicadas para producir lo que el monarca quería a todo trance evitar, es decir, la rebelión de esta rica heredad de su Corona. Medidas tomadas a tiempo conjuraron tal peligro, pero la herida abierta por Muñoz tardaría en cerrarse algunos años.

Dos lustros después los enfermizos temores de Felipe II inmolarían a otro virrey, el marqués de Villa Manrique, acusado por sus enemigos, también los oidores como en los otros casos, de llevar el reino al borde de la destrucción o de la ruina a causa de un grave conflicto que tuvo con la audiencia de Guadalajara. El soberano dio crédito inmediatamente a las alarmantes noticias de los oidores y fulminó al marqués con una de sus extremadas decisiones. La destitución y un juicio de residencia y expediente de visita que duró seis años fueron la recompensa que recibió Villa Manrique por haber sostenido inflexiblemente su autoridad, que era reflejo de la del mismo rey.

2. LA ORDENACIÓN RACIONALISTA Y LA ACCIÓN ILUSTRADA

El racionalismo felipense se vertió en América y la Nueva España en forma de ordenación. No pudo el rey burócrata desprenderse del casuismo legislativo ni de la regulación inorgánica que dominaban desde hacía siglos; pero a veces, aprovechando ocasiones, su mente lógica se lanza contra la corriente y trata de poner en concierto y reducir a sistema las normas con que se proponía arreglar parcelas de la realidad colonial.

Ahí están, corroborando lo que decimos, sus famosas Ordenanzas de nuevos descubrimientos y poblaciones (1573), pequeño monumento legislativo que todavía sorprende por su originalidad. Sus 149 parágrafos encierran infinidad de preceptos normativos u orientadores, metódica y ordenadamente dispuestos, que cubren el amplio campo de aquellas dos actividades, respondiendo y saliendo al paso reflexivamente a las numerosas cuestiones ya suscitadas o suscitables acerca de quiénes, en dónde y cómo podían realizar el descubrimiento o la población.

Los preceptos más notables de estas ordenanzas son los que exhiben la preocupación racionalista-ilustrada del monarca, dirigida, como en España, al conocimiento y el aprovechamiento de la naturaleza. Entre ellos destacan los referentes a la fundación de ciudades, que pueden ser presentados quizá como el primer conjunto coherente de reglamentación urbanística.

Bueno será ofrecer algunos ejemplos para que el lector aquilate por sí mismo dicha preocupación.

A los pilotos y marineros que fueren en los navíos de descubrimiento manda el parágrafo 12 de las Ordenanzas que “vayan echando sus puntos y mirando muy bien las derrotas, las corrientes y aguadas que en ellas hubiere, y los tiempos del año, y con la sonda en la mano vayan anotando los bajos y arrecifes que toparen, descubiertos y debajo del agua, las islas, tierras, ríos y puertos y ensenadas, ancones y bahías que toparen: y en el libro que para ello cada navío llevare, lo asienten todo en las alturas y puntos que lo hallaren, consultándose los del un navío con los del otro / pues los navíos debían de ir por parejas,/ las más veces que pudieren y el tiempo diere lugar, para que lo que entre ellos hubiere de diferencia se concuerden si pudieren, y se averigüe lo más cierto, y si no se queden como lo hubieren primero escrito.”

En otros parágrafos (34 y 40), recomienda a los pobladores que elijan la provincia, comarca y tierra en que se han de establecer “teniendo en consideración a que sean saludables, lo cual se conocerá en la copia que hubiere de hombres viejos y mozos de buena complexión, disposición y color, y sin enfermedades; y en la copia de animales sanos y de competente tamaño, y de sanos frutos y mantenimientos, que no se críen cosas ponzoñosas y nocivas, de buena y feliz constelación, el cielo claro y benigno, el aire puro y suave sin impedimento ni alteraciones, y de buen temple y sin exceso de calor o frío, y habiendo de declinar /mejor será/ que sea frío”. Y además, que “los sitios y plantas de los pueblos no se elijan en lugares muy altos, porque son molestados de los vientos y es dificultoso el servicio y el acarreo, ni en lugares muy bajos porque suelen ser enfermos”; que “los elijan en lugares medianamente levantados, que gocen de los aires libres, especialmente los del norte y del mediodía; y si hubiesen de tener sierras o cuestas, sean por la parte del poniente y levante. Y si por alguna causa se hubieren de edificar en lugares altos, sea en parte adonde no estén sujetos a nieblas, haciendo observación de los lugares y accidentes. Y habiéndose de edificar en la ribera de cualquier río, sea en la parte del oriente, de manera que saliendo el sol, dé primero en el pueblo que en el agua”.

En nueva serie de parágrafos encarece a los fundadores de poblaciones que se haga “la planta del lugar repartiéndola por sus plazas, calles y solares a cordel y regla, comenzando desde la plaza mayor, y desde allí sacando las calles a las puertas y caminos principales y dejando tanto compás abierto que aunque la población vaya en crecimiento se pueda siempre proseguir en la misma forma” (111); que “de la plaza salgan cuatro calles principales, una por medio de cada costado y dos calles por cada esquina”, debiendo mirar las cuatro esquinas de la plaza “a los cuatro vientos principales, porque de esta manera saliendo las calles de la plaza no están expuestas a los cuatro vientos principales, que sería de mucho inconveniente” (115); que “las calles en los lugares fríos sean anchas y en los calientes sean angostas” (117); que “a trechos de la población se vayan formando plazas menores” (119) ; que “para los enfermos de enfermedades contagiosas, se ponga el hospital en parte que ningún viento dañoso pasando por él vaya a herir a la demás población” (122).

Las reglas referentes al establecimiento y trazado de las poblaciones tuviéronse presentes todo lo posible, en la Nueva España, al establecer villas españolas, al efectuar cambios y transformaciones de pueblos indígenas y, sobre todo, al acometer en gran escala a fines del xvi la concentración de indígenas en poblaciones. En su mayoría las reglas dadas por los virreyes para la elección de tierras y el establecimiento y trazado de las congregaciones indígenas, siguen a la letra las normas respectivas de la ordenanza susodicha o se inspiran en ellas: la orientación del lugar, su exposición a los vientos, su provisión de agua, la disposición cuadricular de la traza, etc., figuran abundantemente entre los ingredientes normativos de las instrucciones y mandatos dados a los comisarios virreinales que llevaron a cabo aquella vasta empresa congregatoria.

La acción ilustrada de Felipe encaminóse principalmente al conocimiento del país: a obtener precisiones sobre el medio físico, los hombres, el pasado, etc. Es una acción bastante paralela a la del Despotismo ilustrado dieciochesco. Por eso, como ya dijimos, las empresas en que ésta cuajó parecen continuación de aquéllas en que se tradujo la acción felipense: relaciones geográficas, cuentas de habitantes, expediciones botánicas, crónicas o historias... Y si famosas fueron, y son, las relaciones topográficas de los Borbones, no lo fueron ni lo son menos las relaciones geográficas de Felipe; y si la expedición botánica de Sessé, Mociño, etc., ganó un lugar destacado en los anales de la ciencia, también conquistó uno de gran relieve la expedición de Francisco Hernández. Sigamos las principales huellas de la acción ilustrada felipense en la Nueva España.

a. Las relaciones geográficas

Con el mismo propósito que en España —conocer la tierra—, fueron encargadas estas relaciones por S. M. a los gobernantes de las Indias. El cuidado de redactarlas se confió a personas que ejercían autoridad civil o religiosa en los pueblos, y podían por ello recoger fácilmente los datos que se les pedían en un largo cuestionario impreso, formado en España y circulado por las autoridades superiores de la colonia.

Entre los datos que en él se solicitaban, había muchos determinados por la curiosidad cognoscitiva. Debía especificarse en la información cuál era el temperamento y la calidad de la provincia o comarca, si frío o caliente, húmedo o seco, de muchas o pocas lluvias, y de qué parte, con qué violencia y en qué tiempo corrían los vientos; y si la tierra era llana o áspera, rasa o montuosa, de muchos o pocos ríos o fuentes, y abundante o carente de aguas, fértil o falta de pastos, abundante o estéril de frutos y mantenimientos. También debía consignarse en ella, tratándose de pueblos de españoles, la altura o elevación del polo en que se hallasen, si estuviese tomada, o si se supiere o hubiere quien la supiese tomar, y en qué días del año el sol no echaba sombra ninguna al punto del mediodía. Tratándose de pueblos indígenas, la información debía abarcar toda suerte de precisiones sobre las costumbres, las lenguas, el gobierno, los trajes, los alimentos, etc. La exigencia informativa del cuestionario era todavía mayor en lo concerniente a la naturaleza: mares, costas, ríos, lagos, volcanes, grutas, árboles, frutos agrícolas, yerbas o plantas aromáticas y medicinales, animales, minas, canteras, salinas, etc., etc., deberían ser incluidos y descritos.

Casi todos los encargados de él cumplieron su cometido, pero las informaciones fueron muy desiguales: desde las muy ricas hasta las pobrísimas de contenido. Sin embargo, la cosecha de datos, en su conjunto, fue muy estimable, y desde luego bastante superior a lo que cabía esperar de aquella gente y de aquellos tiempos. Gracias a ella los historiadores, los etnólogos y los antropólogos, pueden disponer de un copioso y magnífico caudal informativo. Al espíritu ilustrado del monarca que según muchos inauguró la época del oscurantismo español deberán siempre esa inagotable fuente de luces —quizá la más rica del siglo xvi — los investigadores y estudiosos de nuestros días.

b. Los enviados científicos

El primero y más importante de todos fue el protomédico Francisco Hernández, cuya vida se narra y cuyos trabajos se publican y comentan en esta magna obra, a él totalmente dedicada.

Al mismo tiempo que Hernández vino por mandato del rey a la Nueva España un cosmógrafo portugués, Francisco Domínguez, de quien se sabe poco. Si creemos lo que él cuenta en carta al rey (30 de diciembre, 1581), su misión era complementaria de la confiada a Hernández y consistía en hacer la descripción de la Nueva España, “mediante la cual fuese puesta y regulada debajo de razón de cuenta de esfera” como lo había hecho “Tolomeo en su tiempo a todas las partes orientales de este orbe según su cuenta”. Cinco años empleó en cumplir lo que se le encargara, y al cabo de ellos sólo pudo entregar lo que él llama los primeros borradores de la obra —las tablas y algunas relaciones breves—, que el protomèdico se llevó consigo cuando regresó a la Península. Mas “para restaurar parte del defecto” —dice él mismo—, quiso prestar al rey “un pequeño servicio interviniendo en ello el consentimiento de D. Martín Enriquez..., que fue hacer la descripción de todo lo hecho de esta Nueva España en cuerpo a manera universal”. Terminada tal labor la entregó al virrey, quien, según afirma Domínguez, en lugar de enviársela a S. M. se la “adjudicó para sí”. Quién sabe lo que hubiera de cierto en todo esto, pues el virrey Moya de Contreras, apremiado por el monarca, todavía andaba exigiendo en 1583, al cosmógrafo portugués que acabara las tabla? de las descripciones aún no entregadas.

También estuvo en la Nueva España, comisionado por S. M. un cosmógrafo llamado Jaime Juan. Su viaje tuvo por objeto realizar “observaciones del nordestear y noroesterar de las islas y tierra firme”. El monarca siguió con gran interés, al parecer, los trabajos de su enviado, pues ordenó al virrey que reclamara a éste los resultados a que hubiese llegado, para su remisión a España.

Sábese que Francisco Domínguez y Jaime Juan contribuyeron a una empresa científica que Felipe II recomendó muy encarecidamente a los gobernantes superiores de la colonia: la observación de los eclipses de luna. Domínguez intervino en la verificación de los acaecidos en los años 1577 y 1578; y él mismo y Jaime Juan tomaron parte en la de los ocurridos en 1584.

c. La dilucidación del pasado novohispano

Aunque la indagación de los elementos naturales de la colonia atrajo a Felipe mucho más que cualquier otra, no por ello dio de lado completamente a la dilucidación del pasado novohispano; a ella consagró también algunos de sus esfuerzos. En este orden del conocimiento, su empeño se dirigió a recoger datos o noticias, pues lo que principalmente deseaba era que se conservara la memoria de los hechos y cosas acaecidas en estas partes. A tal fin ordenaba al virrey en carta de 17 de agosto de 1572 que se informase de las personas que “hubieren escrito o recopilado, o tuviesen en su poder, alguna historia, comentarios o relaciones de algunos de los descubrimientos, conquistas, entradas, guerras o facciones de paz y de guerra’’ que hubiese habido en estas provincias, “y asimismo de la religión, gobierno, ritos y costumbres” de los indios, “y de la descripción de la tierra, naturales y calidades de las cosas de ella”; junto a esto encarecía a su delegado que hiciese buscar “lo susodicho o algo de ello en los archivos, oficios y escritorios de los escribanos de gobernación y otras partes” en que se pudiese hallar. Lo recogido debería ser enviado en la primera flota o navío que saliere para España.

Pequeña parece haber sido la cosecha de las noticias históricas pedidas por el monarca. Pretextando las ingentes dificultades que había para obtener esos materiales en una tierra en que existía tal “variedad de naciones, lenguas y costumbres”, el virrey cumplió tibiamente su encargo: según dice en carta de 18 de marzo de 1576, trató de sacar a religiosos antiguos e indios viejos algunos papeles o historias referentes a dichas materias, propuso que se aprovechase la historia que preparaba fray Bernardino de Sahagún (y para enviársela a S. M. rogó a fray Rodrigo de Sequera que la hiciese traducir) y persuadió a “otras personas curiosas” para que pusiesen en limpio algunos de sus trabajos que pudiesen servir al expresado objeto.

3. EL ESTRUJAMIENTO DE LOS CONTRIBUYENTES

En las prensas hacendarias, de donde se extraía el jugo económico con que se alimentaban un gobierno y una administración cada día más voraces, los habitantes de la Nueva España no fueron menos estrujados que los de la antigua. Felipe II fue tan implacable allá como acá en la exigencia de nuevas gabelas o en el aumento de las existentes. Ni siquiera los indios, ya muy exprimidos, para su pobreza, pudieron escapar al rigor exactivo del monarca. El humanitarismo de que éste hizo gala en los comienzos de su gobernación se vino abajo cuando se trató de llenar las arcas sin fondo del real erario: en ellas tuvo que echar una parte mayor de su ínfimo peculio el “miserable indio”, el súbdito desamparado, de quien S. M. se había declarado solícito protector, y de cuya “relevación” o alivio había hecho cuestión de conciencia.

Hasta 1563 las cargas indígenas fueron bastante moderadas por el Rey Prudente. Siguiendo el camino de su padre, llegó a establecer, mediante la tasación del tributo por la audiencia, una cuota contributiva sensiblemente menor que la pagada por los naturales en los primeros tiempos de la colonia, y también consiguió fijar y aminorar muchas otras cargas que pesaban sobre éstos (para la comunidad, los caciques y autoridades, el culto y el clero, etc.). Pero a partir de dicho año, en que pone los pies en la Nueva España el visitador Valderrama, el fardo tributario soportado por los aborígenes vuelve a hacerse más agobiante.

Aquella autoridad —el “Azote de los indios”— abre la marcha en sentido contrario al inicial. No eleva el tributo de todos los indígenas, se limita a igualarlo; realizará una labor de “justicia”. Como había algunos pueblos que por distintas razones o no pagaban nada o pagaban poco, los pone al nivel de los demás. Hipócritamente cerró los oídos a las razones de la exención o rebaja tributaria, que eran muy poderosas —servicios y prestaciones de muy diversa índole a la ciudad de México— y que le opusieron el virrey, las autoridades indígenas, los obispos y los religiosos. El resultado fue que los indios de la capital, libres antes de tributos, que no de cargas, tuvieron que pagar en lo sucesivo 20,178 pesos en metálico y 10,589 hanegas de maíz, y que los de Texcoco, tasados en 8,000 hanegas de maíz (unos 4,000 pesos), dieron en adelante 12,360 pesos y 5,206 hanegas de maíz (cerca de 15,000 pesos en total); aumentos parecidos les fueron impuestos a los indios de Xochimilco, Cholula, Tlalmanalco, etc.

Con estos y otros acrecentamientos causados por el revertimiento de encomiendas a la Corona, los tributos que percibía S. M. en 1569 ascendían ya a 326,403 pesos, casi 300,000 más que en 1536 (entonces apenas pasaban de los 28,000 pesos).

Entre la visita de Valderrama y la muerte del rey, los aumentos tributarios se fueron sucediendo y alcanzaron a todos los indígenas. Sumaron en conjunto cinco reales, distribuidos así: medio real para la edificación de catedrales, otro medio real para el sostenimiento del juzgado general de indios y cuatro reales de servicio especial al rey. Tales acrecimientos suponían un cincuenta por ciento de la cuota anual regular, constituida por ocho reales en metálico y media hanega de maíz, cuyo valor oscilaba alrededor de dos reales.

A los españoles del común no les fue mucho mejor. De manera indirecta, sobre ellos recayeron principalmente, cuando afectaban al comercio entre la Metrópoli y la Nueva España, los aumentos impositivos de que hemos hecho mención al tratar de la hacienda hispana. También recaería con más fuerza sobre los peninsulares y criollos de peor condición económica un nuevo impuesto que Felipe trasladó de España a América, la odiada y odiosa alcabala. Los colonos se hallaban orgullosos de no pagarla, exención tributaria que arrancaron, como privilegio, al Emperador en los días de la conquista. A pesar de ser un derecho caducable por voluntad del rey, respetólo don Carlos mientras vivió. Su hijo, sabiendo lo que tal concesión implicaba para los colonos, titubeó algo antes de revocarla. Para dorar la amarga píldora, recurrió a una letanía que ya se sabían de memoria los españoles europeos y ultramarinos por lo mucho que la recitaron sus dos últimos reyes en ocasiones parecidas: la letanía de la bancarrota, de una justificada bancarrota, pues había sido provocada por los protervos enemigos de la cristiandad y del reino. Por si la ya sobada letanía no bastaba, Felipe tocó la tecla cuyo sonido tenía que conmover más a los colonos, la tecla de su interés. Con punzante reticencia exhibióles los peligros a que quedaba expuesto el comercio con América si el erario real no lograse salir de apuros y formar la armada necesaria para la protección de los buques mercantes. En fin, la alcabala entró en la Nueva España a lomos de una Real Cédula de 1° de noviembre de 1571, y comenzó a ser recaudada desde 1° de enero de 1575. Para hacer más pasadero este impuesto, que gravaba todas las ventas y trueques, señalósele al principio una cuota mucho menor que la de España. En la Península era del diez por ciento y aquí fue sólo de dos. A los indios se les eximió de esta carga; sólo estaban sujetos a ella cuando sus tratos tuviesen por objeto cosas procedentes de Castilla.

Pudiera parecer que los colonos salían bien librados con la introducción de un derecho de alcabala tan reducido. Bien mirado no ocurría así; pues ellos, como consumidores de numerosas mercancías europeas, gravadas múltiples veces, casi tantas como transmisiones, y sobrecargadas de gastos —transportes terrestres y marítimos, seguros, almacenajes, etc.—, tenían que pagar por esos artículos precios exhorbitantes, en los cuales estaba embebida una suma de derechos de alcabala incomparablemente mayor que la incorporada a los precios de los mismos artículos en cualquier parte de España. Quizá pudiera admitirse, en justicia, que a los españoles ultramarinos se les exigiese la alcabala por la transmisión de cosas o mercancías del país; pero exigírsela también, aunque en cantidad pequeña, por artículos de mucho consumo provenientes de la Península y que el Gobierno español prohibía producir aquí, como los vinos, aceites, tejidos, etc., era evidentemente abusivo. Más abusivo sería luego, en los siglos XVII y XVIII, cuando la cuota de la alcabala novohispana llegó casi a emparejarse con la peninsular, pues del dos subió hasta el ocho por ciento.

4. LA DEPURACIÓN ESPIRITUAL

Los huracanados vientos de la heterodoxia europea llegaron con poco ímpetu a las tierras de Anáhuac. A la verdad, no hubo aquí grupos de heterodoxos que, como los de Valladolid o Sevilla en la Península, pudiesen poner en peligro la unidad católica. El movimiento que trascendió a la colonia con más brío fue, indudablemente, el de renovación cristiana, de raíces ya algo largas en España y muy a tono con el espíritu apostólico de la primitiva iglesia novohispana. Ni el erasmismo, que influyó bastante de manera difusa en aquel movimiento, tuvo casi adeptos; ni el iluminismo prendió en multitudes; ni el protestantismo pudo abrir la menor brecha entre los hispano-americanos: un verdadero erasmista, Fray Alonso Cabello, fue perseguido por la Inquisición en todo el siglo XVI; sólo dos pequeños focos de alumbrados —uno en México y otro en Puebla— salieron a la superficie a fines de ese siglo; y los protestantes que aparecen como perseguidos en los registros de la Inquisición durante él, o pertenecían a los contingentes de corsarios aprehendidos en las costas, o eran extranjeros —holandeses, flamencos o alemanes— establecidos en el país y cuya calidad de súbditos de Felipe II explica su presencia en América. Caso aparte entre las heterodoxias novohispanas, y común a todos los reinos españoles, fue el de los judíos conversos que seguían practicando la religión de sus antepasados.

No obstante la escasa “peligrosidad” heterodoxa de la colonia, creyó oportuno Felipe II extremar la vigilancia y la represión de los descarriados. La principal medida que adoptó al efecto consistió en fortalecer el organismo encargado de aquellas funciones, que de juez delegado de la inquisición de Santo Domingo fue convertido en tribunal directamente ligado al consejo de la inquisición española. Con el establecimiento del tribunal, que tuvo lugar el 4 de noviembre de 1571, la actividad depuradora se vuelve más sistemática, amplia y eficaz. Lo que fuera un negociado insignificante, se transformó en una descomunal empresa, cuyo personal se extendía a todos los puntos del país. Pero en sus redes cayeron pocos peces gordos: algunos protestantes extranjeros y los judíos de la familia de Luis Carvajal, gobernador de Nuevo León. Eso sí, estrechó mucho el círculo en torno a las opiniones doctrinales (proposiciones vertidas en sermones, pláticas, etc.) y a las costumbres, principalmente de los eclesiásticos, sobre las cuales apenas se celaba antes.

Fuele confiado también al santo oficio mexicano la función de autorizar el pase de los libros que venían de España y de recoger los escritos prohibidos. Debido a ello hubo en Veracruz dos aduanas: una para las mercancías y otra para la literatura.

El valladar normativo decretado en Trento para atajar la heterodoxia fue también traspasado a la Nueva España. Por orden del monarca se celebró en México el II Concilio Mexicano (1565) con el designio principal de dar obediencia y poner en ejecución los cánones de la Contrarreforma. Diecinueve años después se reuniría el tercer concilio de la serie para establecer un ordenamiento eclesiástico mexicano en que los decretos de Trento fuesen adaptados a la realidad, colonial y misionera, de la Nueva España. Con pocas modificaciones esenciales, ese ordenamiento estuvo en vigor hasta la época de la Independencia.

Tendría todavía la depuración un tercer acto: la entrada y distribución por el país de las fuerzas eclesiásticas regulares que se habían atribuido la misión de defender y afianzar el espíritu y la letra de la Contrarreforma. Me refiero, claro está, a los jesuítas, cuya primera avanzada, de quince soldados, desembarcaría en Veracruz en el otoño de 1572.

C. FIJASE LA PERSONALIDAD DE LA COLONIA

Después de haber andado como extraviada, o por lo menos indecisa y fluctuante, durante algunos lustros, la Nueva España entra en vereda precisamente en los primeros años de la gobernación felipense. Entonces, y sólo entonces, se delinean los rasgos principales de su personalidad, algunos de los cuales aparecerán ya muy marcados a fines de siglo.

La captación de estos rasgos, todavía por hacer en conjunto, compromete mucho, pero no por ello dejaremos de acometerla. Pues si no optamos por darle a los lectores un esquema fisonómico de la época, no nos quedaría otra alternativa que atiborrarlos de datos; y de hacerles tan flaco servicio queremos escapar, sea cual fuere la suerte que corramos.

1. ¡BENDITA Y MALDITA SEA LA PLATA!

Por un espejismo que padeció Europa durante mucho tiempo, los metales preciosos fueron elevados a los altares mayores de la economía y reverenciados como divinidades supremas de ella. SÍ el Nuevo Mundo no hubiese poseído tanta sustancia de esos dioses, su descubrimiento hubiera llamado poco la atención del Viejo Continente. Ni el cacao, ni el palo de tinte u otros productos tropicales, ni el disfrute de los tributos indígenas, ni otros beneficios, pudieron servir de acicate para la conquista de América. Las penalidades sin cuento con que fue llevada a cabo sólo fueron soportadas porque al final de alguna marcha se esperaba hallar una morada de las más refulgente de esas divinidades: El Dorado.

Antes de ser sometido, México era ya una meta áurea para los españoles. Tenían éstos noticias de que aquí abundaba el objeto principal de sus anhelos y en pos de él vinieron. Con este fin primordial de quienes la hicieron, está enlazado todo lo que ocurre en la conquista o después de ella: el botín, la esclavitud, la encomienda. Justo es reconocer que la Corona y la Iglesia enderezaban sus naves hacia la evangelización de los indios, norte muy opuesto al anterior. Pero quienes al principio llevaron la voz cantante en la colonia, es decir, los conquistadores-encomenderos, no hicieron mucho caso de esto, y el ojeo de la tierra para buscar el oro, y la hostigación de los indígenas para extraerlo, fueron inclementes. Guardaron aquéllos, eso sí, las formas, pues cierto acompañamiento eclesiástico no les faltaba: derribaron los ídolos de los naturales y pusieron en su lugar cruces; en realidad, el sagrado símbolo de los católicos sirvió de tapujo al ídolo con que los conquistadores debieron haber sustituido a los que derrocaban: el becerro de oro.

La influencia de los religiosos y el celo de algunos dignatarios reales de la colonia fue cambiando lentamente las cosas. A los primeros tocóles remover la conciencia de soberanos y súbditos; a los segundos sujetar a los colonos con leyes y armas. Bastante se logró por el lado humano: se acabó con la esclavitud, se moderó mucho el tributo y se quitó el servicio personal que los indios daban a los encomenderos. Sin embargo, la lucha entre el becerro de oro, que dominó en un principio, y la cruz, que llevaba camino de vencer ahora, no concluyó. El becerro de oro, al cambiar los tiempos, procuró amoldarse a ellos y adoptó una nueva táctica, que cabría llamar la de la corrupción. Aprovechando las necesidades de la Corona, las iglesias, etc., y los apetitos desordenados, supo presentarse como la única solución para acallar las unas y los otros. A los reyes supo hacerles ver lo mucho que crecerían sus rentas si le permitían prosperar de otra manera que antes; a las iglesias supo pintarles con espléndidos colores el fausto que alcanzarían en un país donde abundasen los metales; y así sucesivamente. Y consiguió lo que se proponía, que todos, o casi todos, monarcas, obispos y hasta algunos religiosos, le rindiesen pleitesía: reconociesen lo mucho que importaba no sólo para la colonia sino también para España una cuantiosa producción de metales y buscasen soluciones para que siguiera su curso la explotación de las ricas vetas mexicanas. Pero ya para entonces el becerro se había vuelto de plata y había adquirido tal volumen que encandilaba todas las miradas. Momento éste que coincide precisamente con el comienzo del reinado de Felipe II.

Acabada la conquista y repartidos los indios, los españoles concentraron sus mayores esfuerzos en la extracción del oro. Utilizando los esclavos y los indios de las encomiendas como mano de obra, y los tributos en especie como capital, explotaron los placeres auríferos conocidos de los indígenas. Individualmente, los que reunían todos los elementos necesarios, o formando pequeñas sociedades —compañías— los que no, mantuvieron tensa la búsqueda y la saca del codiciado metal hasta que los depósitos superficiales formados por éste en los ríos, únicos que ellos estaban preparados para beneficiar, comenzaron a agotarse. No parecen haber sido muy grandes los frutos de esta primera cosecha metálica; pero gracias a ella dispusieron los españoles de un medio de cambio que les permitió abrir las primeras brechas económicas de la colonia: iniciar tratos mercantiles con la Península y adquirir ganados, semillas y aperos de labranza para el aprovechamiento de la tierra que por reales mercedes les era liberalmente concedida. Montada en ese oro, que moralmente escocía, comenzó a marchar apresuradamente la economía novohispana, pues él atrajo a los que lo buscaban indirectamente, es decir, a los comerciantes, los agricultores y los artesanos. Las colonias que carecieron de oro o plata no pudieron seguir, ni mucho menos, tan rápido ritmo de desarrollo.

El período áureo —o en que impera el oro— dura hasta los años iniciales de la cuarta década del siglo. Es cerrado por el momento en que comienzan a ser beneficiadas las primeras minas de plata descubiertas en Taxco. En 1532 debían ya de dar estas minas buenos rendimientos, a juzgar por las fuertes compañías constituidas para explotarlas, en una de las cuales tenía parte no desdeñable don Hernán Cortés. Desarrollóse pronto Taxco como ciudad minera —real de minas—, y de la importancia que en seguida adquiere da idea el hecho de que pocos años después fuera un gran foco de españoles y se la erigiera en alcaldía mayor.

Pequeños hallazgos posteriores en diversas regiones de la Nueva España siguen incrementando lentamente la producción argentífera hasta que el Norte revela sus inmensas posibilidades en Zacatecas. Desde que son descubiertas sus minas, en 1546, cabe decir que comienza la gran aventura de la plata. Los fabulosos relatos, en parte confirmados por la realidad, echan abajo el dique de la sensatez y dejan libres a las revueltas aguas. La “fiebre de la plata” ha comenzado, y ya no la apagará nadie; más alta o más baja, según lo cerca o lo lejos que se esté de un sensacional descubrimiento, va a padecerla la colonia hasta sus últimos días.

Felipe II, que inaugura su reinado cuando los envíos de plata a España muestran claramente el auge adquirido por la minería mexicana, pensando lo que ella puede reportarle, decide abrir la rígida mano con que la tenía contenida. El reiterado tintineo de la plata ensordece su conciencia y pasa resueltamente por encima de antiguos escrúpulos, concediendo a los mineros lo que éstos reclamaban para poder establecer y desarrollar sus empresas: la mano de obra copiosa y constante de los indios. Más adelante nos referiremos a la forma que buscó para el reparto y la entrega de esa mano de obra. Sólo nos interesa que conste ahora el cambio de su actitud y a qué causa se debió.

Las consecuencias de esta concesión a los mineros palpólas él bien durante su reinado, pues tuvo que serle fácil seguir el curso de la introducción de plata en la Península, que se remontó de 9.8 en el quinquenio 1551-1555 —último de la gobernación de Carlos— a 35.2 en el de 1591-1595 —última de la suya—, conforme a los índices de Hamilton. Bien es verdad que en el segundo de esos índices está incluida también la plata introducida del Perú, cuyas minas de Potosí empezaban a dar considerables rendimientos; pero todavía éstos andaban muy lejos de los producidos por las minas de la Nueva España en su conjunto. Como también, si era afecto a la comparación, pudo haber percibido Felipe la diferencia entre lo obtenido de América por su padre y por él, que fue casi de diez millones de maravedíes.

A adoptar su actitud, hay que reconocerlo, fue inducido Felipe por la mayoría de los novohispanos que le informaban o aconsejaban por razón de cargo. Al frente de todos figuraba su delegado personal, el virrey don Luis de Velasco, a quien los indios consideraron como un padre; y le seguían arzobispos y obispos, funcionarios reales y cabildos, e incluso formaban parte de la comitiva bastantes religiosos. No hay más que repasar la correspondencia cambiada entonces entre la Corte y diferentes magistrados y particulares de la Nueva España para darse cuenta en seguida de ello. Y es que a casi todos afectó de alguna manera la susodicha fiebre. La enorme riqueza que se venía sobre el país no mantuvo normal el pulso de unos y otros cuando se percataron de los beneficios que podía producir.

Y ciertamente los produjo. Ahí están todavía a la vista sus vestigios: la infinidad de lujosos palacios y espléndidos templos, las numerosas y bien pobladas bibliotecas, los primorosos muebles de Europa y de China, etc. Y ahí estuvieron, para quien pueda revivir el pasado recurriendo a libros y documentos, otras mil manifestaciones de la prosperidad alcanzada a través de la minería: las enormes haciendas de ganados y de cereales, las dilatadas plantaciones de caña, los numerosos comercios de las grandes ciudades henchidos de costosos objetos…; que todo ello hubiera sido magro y raquítico si “el rico humor de plata” —como dicen algunos escritos de la época— no hubiese circulado abundantemente por todos los tejidos del organismo económico.

Pero los que presentaban un cuadro tan halagüeño, sólo mostraban el lado bueno de la medalla: el cuerno de la abundancia, y recataban el malo: la dura e inexorable ley de la minería. No tardaría ella en dejarse sentir. La intervención del factor suerte en el descubrimiento y la explotación de las minas de plata, fue quizá el más terrible precepto de aquella imperativa ley. Muy conocidas son las consecuencias que produjo. Todo el negocio minero fue un juego, y no siempre limpio, pues se mezclaron en él legiones de trapisondistas y tahúres: suerte era descubrir la mina; suerte encontrar socios capitalistas o aviadores; suerte que la veta no se perdiera; suerte que la mina no se emborrascara, es decir, que el mineral no hubiese decaído y dejado de dar la proporción de plata necesaria; suerte que los pozos y galerías no se inundasen; suerte hallar prestamistas para rehabilitar la explotación cuando por las indicadas causas dejare de producir o se redujeren los frutos; suerte que la mano de obra no faltase; suerte que alguien no se presentase alegando tener mejor derecho a la mina... Como todo dependía del azar, y como además el capital ajeno intervenía decisivamente en el juego, resulta difícil imaginar las especulaciones a que la minería dio lugar, y los engaños y estafas que amparó.

También fue la mina un verdadero cáncer y estercolero social. Agotaba pronto a los obreros y los dejaba desamparados cuando, tullidos o enfermos, no podían ya trabajar. En las poblaciones formadas a su vera anidaba el vicio más rastrero y se refugiaban los maleantes y vagabundos a quienes las justicias reales no dejaban parar en otros lugares; y a ellas se acogían como a feria franca los comerciantes desaprensivos que se deshacían allí de las mercancías que no podían colocar ya en ninguna parte. Malos lugares para civilizar a los indios éstos que algunos frailes denunciaron como los peores entre los peores centros de perdición o corrupción. Y sin embargo se los llevó por ejércitos a las minas para dar servicio en el exterior y a los jóvenes y fuertes se les atrajo a las rudas labores del interior con el señuelo de los altos salarios y el deslumbramiento de los pequeños Gomorras pueblerinos.

Los dos aspectos, el bueno y el malo, de la abundancia de la plata, quedan así colocados uno al lado del otro para su confrontación. El bueno dejó una espléndida huella material y cultural; el otro, una desgraciada huella espiritual y moral: el aventurerismo y la corrupción, que tararon muy a fondo a la colonia. Por eso durante ella, consciente de lo que estaba pasando, el hombre de la calle redujo a unidad los dos aspectos acuñándolos en la moneda de esta exclamación usual: ¡Bendita y maldita sea la plata!

La minería colonial está plenamente cuajada al terminar la época de Felipe II. Caracterízase ya por la dispersión de sus focos; pero los principales pueblan las provincias del Norte, incrustados en sierras frías y formando como constelaciones de diversa extensión en torno de tres astros mayores: Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí, vértices del gran triángulo septentrional de la minería mexicana. Y quizá para que la aventura fuese mayor, muchos de los focos norteños han ido a situarse en las lindes de las tribus bárbaras, de cuyas incursiones sólo se librarán las grandes ciudades de la zona. Fue ésta otra maldición que pesó sobre la más rica minería novohispana: la defensa permanente de las vidas y haciendas de quienes la sostenían. No bastó con armar a los mineros y convertir en reductos las explotaciones, hubo también que establecer guarniciones especiales y organizar convoyes para los viajes y la conducción de la plata y las mercaderías. De no haber mediado la preocupación por la defensa de tan gran riqueza, es casi seguro que los españoles no hubiesen puesto tanto empeño y tantos recursos en el avance y aseguramiento de su frontera con las tribus insumisas. El dispositivo militar del Norte y el sistema de la colonización fronteriza, nacen y crecen en el siglo XVI con la minería, y por la minería, y no harán otra cosa después que seguir los lineamientos puestos entonces.

Con la revolución que produjo en el beneficio de la plata el invento o la introducción de la amalgamación en frío por Bartolomé de Medina, quedaron fijados para todo el resto de la dominación española las técnicas y procedimientos de la explotación de ese precioso metal; y también, no muy a la zaga de ello, quedó constituida la terminología minera que había de imperar durante ese tiempo. Y lo curioso es que tan revolucionario y determinante punto de partida coincide con el arranque del reinado de Felipe II; hereda éste la Corona en 1556 y la amalgamación en frío comienza a practicarse en 1557. Pero el nuevo sistema traerá a los mineros mexicanos una preocupación más: la de procurarse el mercurio, metal al que queda íntimamente ligada la suerte de la plata, y del que no había yacimientos en la Nueva España. De la Península y del Perú, donde se hallaban los centros de aprovisionamiento del azogue, y del monarca, que se ha adjudicado el monopolio del suministro, va a depender en lo sucesivo el beneficio de los minerales extraídos. Los riesgos han aumentado considerablemente para los mineros: si los navíos que transportan el azogue no llegan, o se retrasan mucho, por cualquier contingencia; si la cantidad de mercurio desembarcada es pequeña o la necesidad de él mucho mayor que la prevista; si hay manejos, por influencias, en su reparto..., ¡por cuántas zozobras tendrán que pasar antes que su parte arribe a la mina!, ¡y cuántos desembolsos tendrán que hacer para “ablandar” a un repartidor, o para conseguir que acelere el paso un conductor...! Por si faltaban causas de corrupción en la negociación minera, vino a añadirse ésta de la distribución del azogue.

Típico y especial de la minería es el ordenamiento que se da a quienes laboran y trabajan en sus centros. También este régimen propio de una actividad industrial estaba ya bien erigido en México a fines del XVI. Al núcleo urbano a que han dado nacimiento varias explotaciones cercanas se le denomina real de minas y es gobernado generalmente por un alcalde mayor, careciendo, si no es poblado numeroso, de cabildo. Para la gestión y defensa de sus intereses peculiares, los mineros son agrupados en gremios, por distritos, que pueden o no corresponder con los reales, y a los agremiados les compete elegir a sus gestores y representantes, que, como cuerpo, recibirán el nombre de diputación de minería. Los trabajadores no entran ni tienen delegados en esta aristocrática corporación, pero sus labores son reguladas por ordenanzas especiales, en las que se señalan las horas de trabajo, las prestaciones a que tienen derecho, etc. Es frecuente que los virreyes expidan ordenanzas particulares para un real de minas. En tal caso las disposiciones en ellas dadas versan también sobre materias de interés general, verbigracia, los abastos. Pueden servir como ejemplo de estas ordenanzas las dadas para Taxco a mediados de siglo.

2. LA INVASIÓN MATERIAL MÁS BENÉFICA: LOS GANADOS

Si América inundó a Europa de metales, estimulantes poderosos de la industria y el comercio, Europa, en cambio, inundó a América de ganados, factores principales del bienestar y la comodidad de los hombres.

En la Nueva España la ganadería se desarrolló rápidamente, pero su gran expansión y el enraizamiento de todo lo que con ella vino o por ella nació aquí tuvo también lugar entre mediados y fines de siglo. La segunda riqueza del México colonial, que lo fue ésta, no tuvo los contornos mayúsculos y sensacionales de la minería, tras la cual figura en la jerarquía crematística, pero derramó sus bienes de manera más universal, suave, moderada y regular. Quizá por esto su huella en el ser mexicano ha sido mucho más extensa y profunda que la impresa por la minería.

Como enorme riada cubrieron los ganados el suelo mexicano. Al declinar el siglo era frecuente encontrar rebaños cuyo número de cabezas ascendía a diez o veinte mil. En el Centro, las regiones más adecuadas para el sostenimiento de los ganados rebosaban de ellos y los límites que se les pusieron casi no bastaron para impedir su incesante desbordamiento por las tierras labrantías.

Para organizar y regular una actividad económica que había adquirido tal auge, se recurrió a patrones y normas peninsulares o antillanos, pero tanto unos como otras tuvieron que sufrir los ajustes reclamados por la realidad mexicana, ajustes de los que salieron a veces, más que transformados, re-creados. De la Península se trasplantó la comunidad de pastos, que implicaba el derecho de los ganaderos a introducir sus rebaños en cualquier terreno no acotado y en los campos de labranza una vez levantadas las cosechas. También se introdujo de allí la mesta, o gremio de ganaderos, que era el cuerpo encargado de organizar las emigraciones anuales de los ganados al comienzo y al final de la estación seca, y de cuidar que se aplicaran las ordenanzas dadas para el régimen del gremio, cometido éste que recaía sobre los alcaldes de mesta. De procedencia mexicana es, en cambio, la unidad territorial básica de esta industria, o sea, la estancia de ganados, que fue creada para el establecimiento de los rebaños cuando empezaron a formarse. Convertida pronto en condición indispensable para la tenencia de hatos grandes, dio una base nueva al sistema ganadero criollo; la mesta en él estuvo constituida por los propietarios de estancias de ganado y no por los dueños de rebaños, como en la peninsular.

No arraigó la mesta en México con la fuerza que en España; casi todo su mecanismo fue arrumbado en seguida, pero de él se conservaron dos piezas importantes que con el transcurso del tiempo cobraron caracteres muy propios: la emigración o transhumancia de la época seca —lo que se llamó el agostadero—, y la recogida de los ganados para separar los marcados de los mesteños, es decir, los que carecían de señal o hierro por haber nacido en los montes. A esta operación se le llamó en México rodeo, y a diferencia de España, en que se hacía a pie, se realizó a caballo, por imponerlo así la dilatada extensión de las tierras y el crecido número de los rebaños. Tras la recogida mediante el rodeo, venía la puesta del hierro al ganado nuevo, acto en el cual los pastores centauros hacían competencia de destreza. La fiesta del rodeo que hoy se celebra en los Estados Unidos proviene de esa perdida parcela de la mesta mexicana.

¡Entró la ganadería en tantas combinaciones que el acoplamiento de las dos culturas produjo! Y en casi todas ellas lo que puso o entregó fue precioso: un alimento abundante, un medio de locomoción y de transporte casi único, materiales cuantiosos para las industrias fundamentales como las del vestido, el calzado y la alimentación, un objeto de diversión o de placer, y un fiel compañero de andanzas para el hombre. Por ello no es de extrañar lo multipresente que se hizo de inmediato en la sociedad mexicana. Antes de cerrar el siglo, a los sesenta o setenta años nada más de la conquista, parecía ya un elemento viejísimo del país; tanto y tan profundamente se había incrustado en él y coloreado su superficie. En el vivido retablo de su exteriorización destaca sobre todo la caballería —caballos y jinetes—, madre fecunda del folklore criollo. Lo que la caballería, que entonces surge, va a implicar para la Nación mexicana, por bien sabido, se calla. Baste decir que durante mucho tiempo con ella estuvo íntimamente asociado el espíritu varonil: la destreza física, el valor, la apostura…; en el manejo del caballo quintaesenció el hombre de la colonia su masculinidad. Entre la cosecha de frutos de la ganadería, hubo dos muy amargos: la devastación de las labranzas por los ganados y el latifundismo. El primero mostraría sus efectos de inmediato; el segundo a la larga. Pero ambos eran ya realidades plenas en la segunda mitad del siglo XVI.

Privilegios que los reyes españoles concedieron a la ganadería en perjuicio de la agricultura, como la prohibición del cierre o cerco de las tierras labrantías y las servidumbres de pasto y paso, fueron los causantes de la frecuente irrupción de los ganados en las tierras y casas de los agricultores, cuya defensa debilitaban los referidos privilegios. No costaba caro a los ganaderos el descuido, fingido a veces, de sus pastores, pues cuando les iba peor sólo les era impuesto como castigo el pago de los daños. Trasladada a la Nueva España esa ventajosa situación del ganadero y siendo indígenas los más de los agricultores, ¿qué era de esperar si no una agravación de tan crudo problema? Hallándose en frente de un contrario mucho más débil que en España, los ganaderos y pastores se desenfrenaron, y pasaron frecuentemente de abusos cometidos en la propiedad a excesos perpetrados en las personas. Entre algunos virreyes, que defendieron decididamente a los labradores indígenas, y los procedimientos, legales o ilegales, a que éstos recurrieron, restablecióse algo el equilibrio entre las dos partes hacia fines del siglo, pero la pugna abierta por aquellos privilegios seguiría manteniendo en continuo peligro al humildísimo labrador, que en unos minutos podía ver destruida la reducida milpa de que sacaba la subsistencia para todo un año.

3. LA INCONMOVIBLE Y MODESTA AGRICULTURA. EL IMPERIO DEL MAÍZ Y DEL MAGUEY

También a fines del siglo XVI estaba ya bien trazado el cauce por el que discurriría la vida agrícola novohispana. No son grandes las novedades que en él advertimos cuando contemplamos la importancia de las producciones: en lo entonces más poblado y vital del país su gran franja central— siguió el imperio del maíz y del maguey. De las especies agrícolas introducidas por los españoles, sólo dos, el trigo y la caña de azúcar, llegaron a pesar bastante en la economía colonial; pero limitadas sus zonas de hegemonía agrícola a contadas y cortas regiones, no modificaron gran cosa el aspecto natural del territorio, y menos conmovieron el señorío ejercido por aquellas dos plantas útiles del Anáhuac. Las demás especies introducidas —el plátano, el naranjo y otros muchos árboles frutales, las hortalizas, etc.—tuvieron poca difusión, reduciéndose sus áreas de cultivo a los alrededores de las ciudades, principales consumidoras de sus frutos.

Para la economía de la colonia tuvieron bastante importancia otros productos naturales o de fuente agrícola que se daban o criaban en algunas regiones, mayores o menores, del país antes de la conquista, a saber, el algodón, el cacao, la vainilla, el palo de tinte y la grana o cochinilla: el algodón siguió alimentando generosamente la hogareña industria indígena de tejidos; el cacao, aunque abundó bastante en ciertas comarcas, no pudo cubrir la gran demanda interna y tuvo que ser importado de otros reinos hispanoamericanos; los otros tres productos fueron destinados casi por entero a la exportación, de la que constituyeron primerísimos renglones, en particular la grana, que figuró inmediatamente después de los metales, por orden de importancia, en la lista de artículos embarcados anualmente para España.

La diosa Ceres no fue tacaña con los novohispanos, pero las veleidades que con la tierra por ellos habitada tuvo Neptuno pusiéronlos bastantes veces en aprietos. Su sino fue estar pendientes del cielo, pues si faltaba la lluvia bien sabían lo que les esperaba: hambres y su inevitable cortejo de epidemias. Las escaseces intermitentes de maíz en los pueblos del Anáhuac eran tan antiguas como su agricultura, y los reyes aztecas tomaron provisiones para combatirlas creando depósitos de ese cereal principalmente con las numerosas cargas de él que en concepto de tributo percibían. No tardaron en caer sobre la colonia esas calamidades, agravadas por el desorden de los primeros tiempos. Padecieron mucho, muchísimo, los indios, mas también los españoles pagaron caras las consecuencias de su imprevisión, pues la fuente originaria de su bienestar era el trabajo de los naturales. Preocupados por tales infortunios, que también caían de vez en cuando sobre Castilla, los gobernantes de la Nueva España en la época de Felipe II pusieron en marcha una acertada política con la que atacaron, junto con cuestión tan crítica, las de la producción agraria y del abastecimiento, entrelazadas con ella: lograron aumentar considerablemente la producción del maíz, elemento alimenticio básico, resolviendo que los indios de comarcas importantes lo diesen como tributo en lugar del dinero con que satisfacían esta carga anteriormente; decidiendo, además, que la contribución de medio real fijada a los naturales para el sostenimiento de sus cajas de comunidad fuese cambiada por la de hacer una pequeña sementera de maíz, e imponiendo, finalmente a cada labrador indígena la obligación de sembrar en su parcela todos los años cierta cantidad del cereal aborigen. Y también consiguieron no poco por el lado del abastecimiento mediante la introducción de la alhóndiga que lo regulaba y que contribuía a impedir el acaparamiento. Todavía hubo escaseces en los siglos XVII y XVIII cuando se repetían las malas cosechas, pero nunca ya con la amplitud y terribles consecuencia de las padecidas durante el siglo XVI.

4. DOS MANANTIALES DE LA RIQUEZA CANALIZADOS HACIA LA METRÓPOLI

Por el traslado a Ultramar del sistema gremial y ordenancista dominante en la Península, quedaron desde los orígenes tan petrificados la industria y el comercio de las colonias como lo estaban en la Metrópoli, donde esas ramas de la economía apenas podían moverse ni respirar dentro de las tapias que por todas partes y hasta cualquier altura las cercaban. Mediante reglamentación estaba todo fijado: quiénes, dónde, cuándo y cómo podían ejercer las profesiones artesanales o mercantiles, cuáles habían de ser los materiales, el peso, la medida, calidad y forma de los productos industriales, y a qué precio debía venderse cada uno de éstos y cada una de las mercancías. Para dar tan copiosa y rígida reglamentación y vigilar su cumplimiento estaban los gremios, los cabildos y los monarcas. Lo que uno de ellos dejaba suelto otro lo ataba; lo que no era fiscalizado por los veedores del correspondiente gremio, lo era por los regidores o fieles ejecutores de los concejos, y si no por los funcionarios reales.

Este sistema, heredado del medievo por el absolutismo, fue estrechamente ajustado a otro más general que gobernaba las relaciones económicas de la Metrópoli con las colonias. Respondía el sistema general a un pensamiento básico: los reinos ultramarinos debían ser considerados como organismos económicos complementarios del de su matriz; y así, su función económica en el conjunto quedaba circunscrita a suministrar a España los productos de que ésta carecía y a recibir de ella los artículos que directa o indirectamente pudiera facilitarles; o, en otras palabras, a dar a la Metrópoli lo que ella no producía y a recibir de la Metrópoli lo que ella producía o introducía, absteniéndose, para ello, de producirlo aquí o introducirlo desde aquí. Tal es la sustancia del sistema que por sus caracteres se llamó de monopolio y prohibicionista: de monopolio porque España manejó de manera exclusiva el comercio con los países americanos; y prohibicionista porque España no permitió a sus colonias ultramarinas producir artículos que pudiesen competir con los que le convenía enviarles. Con este régimen se imponían sacrificios, en beneficio de España, a los países que ella estaba creando en América. Sacrificios, por cierto, que no serían objetables en un orden colonial, caracterizado en todos tiempos y en todas partes precisamente por eso: por lo que hoy se llama crudamente explotación económica. Pero sí eran objetables en el caso de España, cuyos monarcas habían declarado que la Nueva España, el Perú, etc., eran reinos, y los habitantes de éstos súbditos de la Corona castellana. Pues si eran partes como las otras de un mismo Estado, ¿por qué se las trataba como dominios o colonias de reinos que debían ser sus iguales? No había, por tanto, correspondencia entre lo legalmente declarado y lo realmente practicado. Tal situación ha dado lugar a una larga polémica que aún no termina. Y durará eternamente, porque nunca se extinguirá esa especie de humanas avestruces que, hundiendo su cabeza en los textos legales, se ponen a salvo de las, para ellas, incómodas y perturbadoras realidades.

En la Nueva España, esos dos grandes rodajes de la economía —el interior y el de la relación con la Metrópoli— quedaron completamente colocados y engranados durante la época de Felipe II.

Para asegurar el monopolio y evitar fraudes a la Hacienda, fue tendido un solo puente marítimo a través del Atlántico que tenía como extremos Veracruz y Cádiz, únicos puertos permitidos para la salida y entrada de las naves. Cerca de Cádiz, en Sevilla, se hallaba el centro o despacho general de todo el comercio con América, la célebre Casa de Contratación, puntual registro y aduana de cuanto entraba hacia España y salía hacia las Indias. La máxima centralización y el más estrecho control fueron alcanzados entre 1564 y 1566 cuando se agrupó a todos los buques en una sola expedición anual, custodiada por navíos de guerra. Al llegar al Caribe se separaban las dos grandes secciones de esa expedición: la destinada a Veracruz, o la flota, y la destinada a Portobelo, o los galeones, cuyo cargamento, después de atravesar por tierra el Istmo de Panamá, seguía por mar hasta el Perú. El regreso lo hacían también juntas y en forma parecida. De igual modo se procedió con el comercio entre México y el Oriente, establecido regularmente a fines de siglo: un solo navío, “el galeón de Filipinas” o “la nao de la China”, que de ambas maneras se le llamó, iba y venía todos los años, arribando y zarpando aquí del puerto de Acapulco.

La concentración y localización del tráfico comercial y marítimo trajeron como consecuencia el manejo casi absoluto del comercio entre la Metrópoli y la Nueva España por consorcios mercantiles de las ciudades de Sevilla y México. Concentraba en la antigua Hispalis el primero de dichos consorcios los artículos que solía demandar el comercio novohispano y con ellos atiborraba la flota, en la que también venían representantes del poderoso grupo hispalense para entrar en tratos con el consorcio mexicano, tratos que terminaban generalmente con la adquisición por éste de la mejor y mayor parte del cargamento. Una vez en sus manos el envío europeo, quedaba a los grandes mercaderes capitalinos la tarea de distribuirlo por toda la Nueva España. Los dos consorcios simplificaban indudablemente el comercio entre la Península y México, pero encarecían considerablemente las mercancías, ya muy castigadas por los impuestos reales y los gastos de acarreo por mar y tierra. Podían decir los del grupo sevillano que gracias a ellos, en su mayoría importadores extranjeros, llegaban a la lejana colonia los ricos y lujosos tejidos fabricados en Italia, Francia y Flandes que lucía la aristocracia novohispana en fiestas, visitas, y paseos; y podían aducir los del grupo novohispano que sin sus grandes y expeditos caudales no hubiera sido hacedero introducir de un golpe tan inmenso número de barriles de vino, vasijas o pellejos de aceite, fardos de telas, etc., ni irlo distribuyendo todo poco a poco entre pequeños comerciantes que pagaban, si acaso, mal y tarde.

Lógico era que, actuando como corazón del tráfico mercantil con la Metrópoli, la ciudad de México se fuera convirtiendo en un emporio comercial. A la sombra del gran comercio floreció el ^pequeño, y al lado de ambos prosperaron las diferentes artesanías, muchas de las cuales eran más bien negocios mixtos, industriales y mercantiles, pues tenían tiendas para el despacho de sus productos. Esta a la vez opulenta y extensa actividad mercantil dio, en lo económico, a la capital de la colonia una fisonomía muy fenicia. Ya la tenía a fines del siglo XVI, cuando, por constarle a la Corona cuán importante era ese nuevo emporio surgido en sus reinos, concedió a los comerciantes mexicanos —los de la capital, se entiende— el privilegio de formar un consulado, privilegio del que gozaban sólo en Castilla las ciudades de Bilbao, Burgos y Sevilla. Esa importancia se acrecería antes que terminase el siglo con un nuevo monopolio, el del comercio con Filipinas, que le brindó también la Corona en la bandeja de plata de otro monopolio suyo.

Como el comercio era entonces el principal imán del dinero, los grandes mercaderes de la capital novohispana acumularon en sus arcas mucha parte del numerario de la colonia, y aprovechando esta circunstancia y el amplio crédito que por sus cuantiosos capitales gozaban, añadieron a su función propia la de banqueros, con lo cual no hacían sino repetir lo ocurrido desde hacía dos siglos o más en Europa. A partir de ese momento, todos los que precisan dinero contante y sonante para alguna empresa o urgencia dirigirán la vista a los opulentos mercaderes de la ciudad de México. También se lanzarán en seguida, realizando otra función de capitalistas, a las inversiones, a la colocación de dinero en empresas no mercantiles, principalmente en las mineras, uniéndose a otros mediante el contrato de sociedad o compañía. Por todos estos motivos hubo ya a fines del XVI en la capital novohispana algunos pulpos financieros que extendían sus tentáculos por todo el territorio y tenían agarrados en sus ventosas a infinidad de empresas y personas. Contadísimos criollos hubo entre los poderosos mercaderes capitalinos. El consulado, o gremio de los mercaderes como dijimos, estaba constituido casi exclusivamente por vascos y montañeses, y hasta tal punto lo dominaban que entre ellos se repartían alternativamente los cargos directivos.

El prohibicionismo, compañero inseparable del monopolio en el sistema que gobernó las relaciones económicas entre la Metrópoli y sus colonias, afectó a dos sectores de las posibilidades productoras de la Nueva España: al agrícola y al industrial. Al primero, porque impidió el cultivo del olivo y de la vid, plantas que crecían bien en algunas regiones de México; al segundo, porque redujo considerablemente la expansión de la industria textil, circunscribiéndola a la fabricación de paños burdos u ordinarios. Con aquella medida trató España de asegurar una salida a dos de sus principales artículos de explotación, el vino y el aceite, que abundaban en la Península y que tenían aquí muchos consumidores entre las clases acomodadas. Con la otra medida, menos justificable, pues España producía pocas telas finas, quisieron los monarcas hispanos reservar a la Metrópoli los beneficios que implicaba la reexportación de los tejidos europeos, géneros de gran demanda en Ultramar, cuyos habitantes, aun los humildes, eran muy dados a la ostentación y al lujo.

Dentro de los marcos puestos por el régimen español, la industria y el comercio novohispanos habían alcanzado ya un alto grado de desarrollo al declinar el siglo XVI. Dos frondosas ramas tuvo aquélla: la gremial y la capitalista. En el taller, que regenteaba un maestro, a cuyas órdenes trabajaban oficiales y aprendices, tuvieron su asiento la mayoría de las industrias: la platería, orfebrería, herrería, bonetería, etc., etc.; y sólo unas pocas se fincaron sobre la fábrica u oficina, propiedad de una persona —patrón o dueño— o de una compañía, formada en general por pocos individuos, y cuyos operarios libres eran jornaleros, es decir, personas que recibían un salario fijado por días o semanas. En esta clase de industria, capitalista por la forma de relación entre el dueño y el trabajador, habría que incluir el obraje —o fábrica de tejidos—, el trapiche —o fábrica de azúcar— y las llamadas en la época colonial oficinas —o fábricas de mantecas, tocinos, jamones, cecinas, etc. La más importante de estas fábricas fue sin duda el obraje, que abundó en las regiones laneras. Como lugar de muchos y grandes obrajes tenía ya fama Tlaxcala a fines de la centuria; en los escritos contemporáneos suele citarse con elogio el de Huamantla, verdadera colmena humana que necesitaba hasta un pastor espiritual propio. En la mayor parte de las fábricas, y singularmente en los trapiches, fueron bastante utilizados los esclavos negros, de cuya mezcla con los indios protestaron frecuentemente los religiosos.

La cría de la seda, industria que los españoles introdujeron poco después de la conquista, alcanzó cierto auge en la época de Felipe II, principalmente en la Mixteca, pero se apagó casi por completo años antes de que concluyera dicha época. Tan abrupto declinar se atribuye a la abundante importación de sedas chinas que siguió a la apertura del tráfico mercantil con el Oriente. Es muy probable que los productos del naciente arte no pudieran resistir, según se afirma, la competencia de los de una industria antiquísima; mas quizá otros factores, como la transformación de la encomienda y el poco provecho que la cría de los gusanos reportaba a los indios, hayan intervenido también en la extinción de una actividad económica iniciada bajo los mejores auspicios.

Los indígenas pudieron mantener a flote sus industrias familiares y caseras: la fabricación de objetos de barro y loza ordinaria, la de petates, mecates, etc., etc. Debióse ello a que fue exigüísima la concurrencia de los españoles en tan amplio campo industrial. Los pocos perjuicios que estos pudieron causar a los indios con el ejercicio de algunas industrias populares hispanas, verbigracia, la cordelería, alpargatería, y locería, resultaron mucho más que compensados con el enorme consumo que los peninsulares y los criollos hicieron de aquellas producciones industriales indígenas. Si por este lado salió bien librada la industria autóctona, no corrió la misma suerte por el lado de las antiguas artesanías, barridas algunas, la orfebrería entre ellas, por las de procedencia peninsular, dentro de las cuales se incrustaron como pudieron sus precarísimos restos.

Como sucedió con tantos otros aspectos de la actividad humana, el comercio interior quedó escindido en dos grandes sectores: el español y el indígena. A los peninsulares y criollos se les reservó, aunque no plenamente, el trato de las mercancías europeas, y a los indios se les dejó el de los productos y frutos del país. En manos de la aristocracia mercantil capitalina estuvo, como dijimos, el tráfico y distribución de los artículos europeos, es decir, el comercio en gran escala de estos efectos. El comercio minorista de los mismos productos en las ciudades y pueblos importantes fue también monopolizado por los españoles.

Fuera de estas lindes quedaba el espacio mercantil dejado a los naturales; espacio que abarcaba, por un lado, los frutos y productos del país, que los indios podían vender en cualquier parte, y, por otro lado, las mercancías de procedencia europea, que, en reducidas cantidades, podían los indígenas vender en los mercados y pueblos pequeños. Documentos de mediados y fines de siglo muestran que los indígenas se aplicaron muy activamente al comercio minorista entre los pueblos de sus comunidades, e incluso, por lo que se refiere a los artículos del país, entre los pueblos indígenas y los españoles; y revelan asimismo dichos documentos que los naturales seguían reciamente asidos a sus tradiciones mercantiles y conservaban sus rutas y géneros de comercio. Testimonios hay de que los mercaderes indígenas de Cholula, México, Tlaltelolco, Azcapotzalco, Huaquechula y Yanhuitlán llegaban todavía en sus andanzas mercantiles hasta Tabasco, Chiapas y Guatemala.

Los tianguis o mercados indígenas adquirieron una nueva importancia en este trecho temporal de la dominación hispana. A la esencial función mercantil que tenían en los grupos autóctonos, unieron la no menos esencial de centros de aprovisionamiento de los pueblos españoles; pues conscientes las autoridades coloniales de la utilidad que el tianguis tenía para el establecimiento de estos núcleos de población, hacia ellos lo canalizaron, y así figuró entre las primeras cosas que procuraban introducir o establecer las villas españolas una vez fundadas. Por consiguiente, los tianguis jugaron en la Nueva España el importante papel que en la Península desempeñaban los mercados locales.

5. LA INFINITA FRONTERA ABIERTA DEL NORTE. LAS DOS NUEVAS ESPAÑAS

La formación del núcleo geográfico fundamental novohispano se concluía precisamente dos años antes de fallecer Felipe II con el asentamiento definitivo de los españoles en la villa de Monterrey (1596). Por el norte ese núcleo no estaba cerrado; era una frontera movediza, que ascendía sin cesar y cuya dilatación sólo terminó en los años postreros de la dominación española.

En torno a dos ejes perpendiculares cuya intersección era México, giraba ya el extensísimo territorio de la colonia en esos años: el eje Norte-Sur (Zacatecas, Querétaro, México y Oaxaca), y el Este-Oeste (Veracruz, Puebla, México, Valladolid y Guadalajara). La mayoría de la población se agrupaba alrededor de ellos, permaneciendo el resto del país casi desocupado. Nada hicieron los españoles por colocar sobre él de manera uniforme un manto humano. Acomodáronse en la parte más poblada y saludable del Anáhuac y dirigieron después sus principales esfuerzos colonizadores hacia las tierras preñadas de plata. Resultado del nuevo derrotero que tomó la colonización fueron las numerosas fundaciones de pueblos hechas en la región norteña entre mediados y fines del XVI: Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, San Miguel el Grande, San Felipe, Santa María de los Lagos, Aguascalientes, Fresnillo, Matehuala, Sombrerete, Saltillo, Monterrey... De lo que España había sido parca en las tierras centrales, era pródiga en las septentrionales.

Pero la sujeción del Norte no fue tan fácil como la del Centro: las enormes distancias y los aguerridísimos indios nómadas volvieron sumamente ardua y dramática tal empresa. Una inmensa frontera de guerra, de guerra sin cuartel, hubo de ser la zona septentrional de la colonia.

Ante tan diferente realidad, todo el mecanismo colonizador tuvo que ser cambiado, Fue forzoso establecer pequeñas plazas fuertes (que después se denominaron presidios) en lugares estratégicos, crear escoltas para las caravanas y armar a los pobladores y a los guardianes de las grandes haciendas ganaderas; hubo que dar nueva planta, a la vez pacífica y militar, a las misiones y que convertir pueblos e iglesias en fortines; y hubo también que repoblar y sujetar con indios amigos —de México, Tlaxcala y Michoacán— las tierras amenazadas.

Formóse así, precisamente en el reinado de Felipe II, una nueva España, que se apoyaba en el Bajío, parteaguas de las dos Nuevas Españas, y se proyectaba indefinidamente hacia el Norte como un continente inacabable y enigmático, en donde, de pronto, lo mismo podía surgir la riqueza que la muerte. Por las circunstancias en que nace y se desarrolla, esa nueva Nueva España adquirirá una manera de ser muy distinta de la entidad de que se desgaja: el aislamiento, la aventura y el riesgo, entre otros factores, conformarán su espíritu. Productos típicos del Norte novohispano, engendrados entonces, serán los grandes señores rurales, de feudal pergeño, que poseen haciendas ganaderas tan extensas como algunos estados europeos y que revestidos o no de autoridad por los virreyes la ejercen en sus dominios; los gambusinos de avanzada, que escudriñan los más lejanos rumbos, esperando ser los primeros en dar con las maravillosas riquezas que la leyenda sitúa en alguna parte de los territorios incógnitos; los milites sin escrúpulos, que tienen como granjería, entre otras cosas, la caza de cabezas y la captura de presas; y los mercaderes desaprensivos, que se dedican a todos los tráficos y todas las tercerías, y se ceban en las angustiosas necesidades de los reales de minas y pueblos más remotos.

En la relación con el exterior, el territorio mexicano adquirirá durante la segunda mitad del XVI dos funciones que no tenía. En primer lugar, se constituye en puente entre el Occidente —Europa— y el Oriente —Asia—. La conquista de las Filipinas y la apertura de un tráfico regular con ellas serán las causas determinantes de éste su nuevo papel. Infinidad de elementos orientales —hombres, artículos industriales, objetos de arte, etc.— entrarán en la Nueva España por la pasarela marítima tendida entre Acapulco y las Filipinas. Gracias a ello se acentuarán en México los influjos orientales que ya operaban fuertemente sobre el país a través de la cultura española.

En segundo lugar, México, por su riqueza y su posición en el sistema colonial español, se convierte en centro de comunicaciones y suministros de una gran parte del mundo hispano-americano, singularmente del Caribe y de la región central del Nuevo Continente. Mantendrá un comercio permanente con el Perú, La Florida, Guatemala, Cuba y Venezuela, proveyendo de moneda con este tráfico a los tres últimos países, donde escaseaba; y tendrá que enviar regularmente recursos de la Real Hacienda, sobrantes en sus cajas, a numerosas colonias —la Florida, Cuba, Puerto Rico, etc.—, cuyos fondos no bastaban para cubrir los gastos públicos. Casi todas las obras portuarias y fortalezas españolas del Caribe se hicieron en su mayor parte con dinero proveniente de la Nueva España.

Muchas cosas había impuesto, o contribuido a imponer, el medio físico cuando el siglo XVI llegaba a su ocaso. Entre otras, la situación de las grandes ciudades españolas en lugares de elevada altitud; la “marginación” de las tierras bajas y tórridas; la gran propiedad territorial, y el regionalismo.

6. LA MERMA DE LA POBLACIÓN INDÍGENA Y LA HETEROGENEIDAD ÉTNICA

Para la población de la Nueva España es decisiva la segunda mitad del XVI, pues durante ella se estabiliza el número de los habitantes indígenas tras un abrupto descenso; se agudiza la heterogeneidad racial al crecer la masa humana de origen africano y desarrollarse el mestizaje; y se echan las bases definitivas de la distribución y agrupación de los diferentes núcleos de población con el afirmado de los asentamientos urbanos y rurales españoles y el emprendimiento de una política tendiente a mantener separada a la población indígena y a reunir a la que andaba dispersa.

Escasísimos eran los blancos, negros y mestizos en la Nueva España cuando la regía Felipe II; todavía los indios constituían casi toda su población. Un cálculo hecho para el año 1570 cifra en 3.500,000 los habitantes de la colonia, y hace ascender a 30,000 el número de españoles y a 25,000 el de negros y mestizos; el resto, 3.445,000, era la cantidad que correspondía a la población indígena. (En las postrimerías de la dominación hispana los blancos y los mestizos, en conjunto, se acercaban a la cifra alcanzada por los indios: 3.700,000 sumaban éstos, y 3.100,000 aquéllos).

Al declinar el siglo XVI la población indígena había sufrido una gran merma, estimada en un millón de individuos aproximadamente, mientras que los habitantes blancos debieron subir a cerca de 100,000, los mestizos a otro tanto y los negros y mulatos a unos 30,000. Siguió en pie, sin embargo, la diferencia abrumadora. El nivel a que cae entonces la población indígena será el más bajo de la época colonial; desde ese momento comenzará a remontarse e irá ascendiendo lentamente, aunque con altibajos, hasta rebasar en 1810 los tres millones y medio que se dice sumaba en 1570.

La relativa simplicidad del conjunto étnico inicial —blancos e indios— se desvaneció pronto; convirtióse en extrema complejidad a partir del momento en que negros, mestizos, mulatos y lobos empezaron a abundar. Fuertes preocupaciones causa a las autoridades desde mediados de siglo la entrada en escena de esos nuevos contingentes raciales, que venían a complicar los problemas de la colonia con su diferente idiosincrasia y personalidad. No hay virrey de estos tiempos que no albergue aquellas preocupaciones ni deje de pregonar el temor que le produce el susodicho aumento: Mendoza, Velasco el Viejo, Martín Enríquez... Concuerdan todos en que se trata de gente mal inclinada, difícil de sujetar y de la que cabía esperar las mayores maldades. La cuestión era ciertamente peliaguda para quienes entonces la encaraban, pues tenían que habérselas con una legión de gente desarraigada o sin asideros familiares o sociales que reclamaba un tratamiento especial. Nunca se lograría, debido a ello, ajustar o acomodar enteramente a este elemento de la población colonial; sus rebeldías esporádicas y sus numerosos y continuos desbordamientos dan fe de lo mal que encajaba en las hormas en que se le metió.

A la distribución de la población sobre el ámbito novohispano contribuyó mucho la diversidad de razas: los españoles agrupáronse principalmente en los grandes centros urbanos, por ellos y para ellos creados —México, Veracruz, Guadalajara, Puebla, Oaxaca, etc.—, mientras que los indios siguieron enclavados en sus antiguas comunidades —Texcoco, Cholula, Tlaxcala, Tlaxiaco, Yanhuitlán, etc. Quedarán divididos, por consiguiente, los pueblos de la Nueva España en pueblos de indios y pueblos de españoles, cada grupo con organización y régimen legal peculiares. A los otros componentes de la población —negros, mulatos, mestizos y castas— no les dejaron la ley ni sus propias posibilidades otra solución que la de vivir en torno de los españoles, bien en las ciudades o bien en las minas o las haciendas agrícolas y ganaderas.

Para reforzar y mantener esa separación de los indígenas y los otros grupos raciales, la Corona dispuso que en los pueblos y reducciones de indios no pudiesen vivir blancos, negros, mulatos o mestizos; y en la misma colonia se forjó la norma que privaba a los naturales del derecho a residir en los pueblos de españoles, permitiéndoles sólo establecerse a su vera o proximidad en barrios especiales. Dentro del casco de la ciudad española no pudieron vivir más que los indios artesanos que tenían tienda y los criados o naborí os que estuviesen alojados en la casa de sus amos. Todos los indios que venían a la ciudad a vender víveres, trabajar, etc., debían retirarse a los barrios indígenas en cuanto declinaba el día.

Frustró la realidad, como en otros muchos casos, los propósitos de la Corona. A pesar de las reiteradas medidas de ésta, los españoles se fueron introduciendo paulatinamente en los pueblos indígenas y junto con ellos los negros y las diversas clases de mestizos. Necesidades económicas —el ejercicio de la agricultura, la ganadería y el comercio— justificaron la penetración. A fines de siglo había ya grupos considerables de españoles en Texcoco, Cholula, Toluca, Tlaxcala y otros pueblos indígenas importantes. Lo mismo ocurrió, y también por interés de los hispanos que no podían pasar sin el servicio de los naturales, con la norma prohibitiva del establecimiento de indios en pueblos españoles. Sin embargo, no se alteró por ello fundamentalmente la composición y el régimen de las poblaciones pertenecientes a cada grupo étnico. La transformación sólo ocurriría mucho más tarde, al concluir la época colonial, y únicamente afectaría a las grandes ciudades indígenas.

Entre las consecuencias más trascendentales de la dominación española hay que contar el acomodamiento de la población indígena a las exigencias y solicitaciones de la colonización hispana, acomodamiento del que resultó con el tiempo una distribución de los naturales sobre el territorio mexicano muy distinta de la prehispánica. Dos factores contribuyeron principalmente a ella: uno fue la actividad económica de los españoles, que produjo la concentración de numerosos obreros indígenas en las minas, las haciendas ganaderas y agrícolas, y los obrajes e industrias de las ciudades; y otro la concentración o reducción de los indios diseminados.

Ojeada especial merecen las congregaciones indígenas, y ello no sólo por lo que supusieron para la colonia sino también por lo claramente que reflejan la personalidad felipense los métodos adoptados para llevarlas a cabo. La congregación de los indios o su reducción a pueblos fue ya punto principal de la política indigenista de la Corona en el período insular. En México recomendáronla pronto los religiosos como el medio más adecuado para cristianizar y civilizar (a la manera europea, se entiende) a los muchos indios que vivían sueltos o en pequeños grupos, muy alejados o desligados de sus repúblicas. Y como los monarcas vieran cuánto convenía a sus intereses, ya que podía contribuir sobremanera al doble control religioso y civil de los nuevos súbditos, acogiéronla de buen grado. Mas no queriendo imponerla a los indios, dejáronla a su voluntad y encargaron a los religiosos de ganarse ésta mediante la persuasión. Algunas lograron realizarse de tal manera, pero los resultados no podían satisfacer ni a la Corona ni a los religiosos. Así las cosas, Felipe II, quizá después de meditarlo mucho, adoptó en 1591 una de sus terminantes decisiones: el sistema de la congregación voluntaria sería cambiado por el opuesto, de la congregación forzosa y total o en masa.

A las apremiantes excitaciones de aquel monarca para que las congregaciones forzosas se efectuasen a cualquier costo, respondieron los virreyes mexicanos con diferente empeño. Velasco, el Mozo, púsolo grande en el planteamiento y el comienzo de la ejecución. Expidió las oportunas ordenanzas, aplicables a todos los indios dispersos, nombró comisarios especiales para realizar las operaciones de reducción e hizo que éstos empezaran su labor por las comarcas agrestes más cercanas a México, habitadas principalmente por indios otomíes. Pero los frutos cosechados de inmediato —incendios de pueblos, huidas en masa a regiones inhabitadas, suicidios individuales y colectivos, etc.— atenuaron su celo y, deponiendo el rigor inicial, suspendió la obra emprendida e informó al monarca de los grandes inconvenientes que se seguían de la reducción general.

Su sucesor, el conde de Monterrey, que trajo instrucciones del soberano para continuar la empresa sin arredrarse por nada, se consagró de lleno a ella, y no retrocedió efectivamente ante ningún obstáculo, aunque aprovechó las experiencias anteriores para rectificar el procedimiento de ejecución, que en conjunto constituía un plan de modificación social casi sin precedente en la Historia. La gran operación constó de dos partes y se verificó con arreglo a intrucciones precisas y detalladas. En primer lugar se hizo la demarcación de los nuevos pueblos y el señalamiento de sus términos por cien comisarios, quienes debían efectuar la relación geográfica de los lugares —clima, tierras, aguas, productos, etc.—, e informar sobre la conveniencia del terreno elegido para las congregaciones, oyendo a los doctrineros y recogiendo las alegaciones de los indios. Los expedientes resultantes eran elevados al virrey para su aprobación. Recaída ésta, venía la segunda parte, el establecimiento del pueblo-congregación. Para esta fase de la operación fueron nombrados nuevos comisarios, otros cien, a quienes se proveyó de nuevas instrucciones. Conforme a ellas, los comisarios debían proceder: al trazado del pueblo, señalando sus calles y plazas, y en ésta los lugares para la iglesia, el cabildo, la cárcel y la casa de comunidad; al reparto de los solares para casas y huertas de los habitantes; a la distribución de las tierras de labranza y a la fijación de las de comunidad y los pastizales; a la organización de las cuadrillas de indios que se ocuparían de los trabajos, etc. Además, y para evitar el desmoronamiento de las reducciones, ordenó el conde de Monterrey que las justicias apresasen y devolviesen a sus pueblos a los congregados que los abandonasen, y que una vez edificadas las casas de la nueva población fuesen quemadas las antiguas habitaciones de los reducidos. El mismo virrey dirigió la empresa, y aun la ejecución en algunos lugares, o envió allí donde ofrecía mayores dificultades personas de su confianza, con las que sostenía frecuente correspondencia. No admitió causa dilatoria alguna y ordenó a los comisarios ejecutores que no suspendieran la congregación aun cuando contra ella fuesen alegados por los indios o los doctrineros motivos que les parecieren justos.

7. LA SOCIEDAD RACISTA Y CLASISTA

Raza y clase constituyeron los fundamentos de las jerarquías sociales novohispanas, muy cuajadas ya al finalizar la centuria decimosexta. Y tantas fueron las categorías diferenciales levantadas sobre ambas que la estructura social de la colonia recordará por su complejidad la de algunos viejos pueblos del Asia.

En la raza se basaron las diferencias más marcadas y esenciales, y sobre todo la de mayor trascendencia, que fue la de españoles, indios y mestizos de toda índole. Los distingos clasistas tuvieron carácter menos agudo y provinieron como en Europa de la calidad o la fortuna.

Los blancos puros formaron el estrato social superior. Eran considerados de hecho y de derecho como la buena raza; o en otras palabras, la raza dirigente y privilegiada. Su posición derivaba de la conquista y de la pertenencia al pueblo dominador, y enraizaba en dos pretensiones de éste: poseer una cultura superior y estar revestido de una misión providencial.

Con los españoles vinieron sus distinciones sociales, o sus clases. Pero como en México apenas hubo clase alta o noble, su función fue asumida por una aristocracia sui generis, que a fines del siglo XVI estaba integrada por los poseedores de las más jugosas encomiendas; por los altos magistrados eclesiásticos y civiles; por los grandes hacenderos; por los mineros opulentos, y por los acaudalados comerciantes monopolistas de la ciudad de México. También en la colonia novohispana careció casi de peldaño inferior la escala social trasladada de la Península. La razón de ello fue que acá las tareas y ocupaciones más bajas recayeron sobre los indios; y así raras veces veremos a los españoles en puestos retribuidos inferiores al de mayordomo, capataz o administrador; ni por milagro se encontrará a un hispano trabajando como tenatero, peón u obrajero, por ejemplo. Para la emigración de los españoles a América, la liberación de los trabajos que en su tierra envilecían figuró entre los principales alicientes.

Desde que hubo españoles nacidos en América acostumbróse a distinguirlos de los procedentes de España. A éstos se los denominó peninsulares y a aquéllos, criollos. Ambos grupos tenían los mismos derechos y en ellos había miembros de todas las clases, altas y bajas. Pero como la Corona, por desconfianza o favoritismo, confió la mayoría de las magistraturas civiles y religiosas a los peninsulares, acapararon éstos los principales puestos de ambos órdenes en las colonias. En la Nueva España, tal preterición positiva de los criollos era un hecho contra derecho bien establecido a fines del XVI.

Por debajo de la raza española, formando el otro gran estrato social de la colonia en el siglo XVI, se hallaba la raza indígena. Para los legalistas (entendiendo por tales a los que sólo tienen en cuenta los textos legales), el indio se codeaba con el español en cuanto a posibilidades jurídicas esenciales, o en cuanto a derechos fundamentales. Pero la realidad se encarga de desmentirles y de mostrar que los indígenas fueron supeditados de mil maneras a los españoles y que, por rectas o torcidas razones, se les regateó y mermó en lo particular la igualdad jurídica con aquéllos que se les había concedido en lo general. Y no podía ser de otro modo, dada la relación (dominador-dominado) existente entre el español y el indio. Si el primero no hubiera derrochado las declaraciones generosas, se vería hoy con más naturalidad lo que pasó, y no se le hubiesen pedido nunca cuentas por la incongruencia de su conducta con las elevadas normas que derramó profusamente sobre el papel.

La situación jurídica de los indios era, en principio, idéntica a la de los castellanos, pues fueron considerados, al igual que ellos, como vasallos libres de la Corona: los caciques tenían el status de los nobles hijosdalgos de Castilla y los macehuales el de los vasallos limpios de sangre del estado llano o general. Pero a causa de su situación real —a la diferencia de civilización— se les equiparó a una categoría especial de españoles, a la de los rústicos o miserables, y se les sometió, como a éstos, a un régimen de tutela y protección, que ora los elevaba, concediéndoles ventajas, ora los rebajaba, quitándoles o cercenándoles algunos derechos. Liberóseles, desde luego, del estigma de mala raza, con que cargaban los individuos de las llamadas castas, o sea, los negros libres, mulatos y lobos. Sin embargo, en las informaciones de limpieza de sangre, los indígenas aparecen a veces incluidos entre tales estigmatizados y el padrón del tributo personal que ellos pagaban, en el que también figuraban las castas, era considerado en la colonia como el registro de la gente más baja, y por eso se le denominó, ya a fines de la dominación española, “padrón de la ignominia”.

Aunque el derecho ponía a los indios por encima de las castas, en la realidad fueron más bien ellos los que estuvieron en una situación social de inferioridad. Debióse esto a que los miembros de las castas, como ladinos en su mayoría y empleados o criados de españoles, conocieron los resortes de un medio en que los indios no sabían moverse con desembarazo, y a que aparecieron además a los ojos de los indígenas como reflejos de la autoridad de sus amos. En todas partes, en las minas, en las haciendas y en los talleres de la ciudad, serán casi siempre capataces, jefes de cuadrillas, etc., los negros, mulatos o lobos, y no los indios.

En razones que no fueron la alegada inferioridad de civilización se basaron muchas de las diferencias establecidas entre indios y españoles. Al temor pueden atribuirse la prohibición de tener caballo con silla y freno, o la de poseer y usar armas, e incluso la de vestir traje español; y a la prudencia puede achacarse la exclusión de los puestos de gobierno, dirección, etc., que no fuesen los de sus comunidades. Pero el motivo que más afloró y que dio lugar a más numerosas y mayores diferencias fue el egoísta del logro y acaparamiento de la riqueza. A este efecto, convirtióse al indio en trabajador forzoso del español; concediéronsele únicamente pequeñísimas tajadas en el reparto de bienes, como tierras y aguas; redujéronsele lo más posible las oportunidades de creación de patrimonios —ganaderos, industriales o mercantiles—, e impidióse u obstaculizóse su entrada o ascenso en los oficios más productivos. Como ejemplo de esto último ofrecemos un capítulo de las Ordenanzas de Bateojas; dice así: “que no pueda ser maestro examinado de bateoja ninguna persona que no fuere español por los cuatro costados, y el que no fuere español y hubiese aprendido el oficio pueda trabajar como obrero con maestro examinado”. De los demás casos no faltan expresivos ejemplos en otros lugares de este estudio. También las normas tutelares o protectoras contribuyeron en gran medida a paralizar o estrechar la actividad económica de los indios, pues ¿quién iba a contratar con individuos cuya capacidad de disponer estaba fuertemente trabada?

A consecuencia de la dominación española cambió considerablemente la antigua jerarquización social indígena. Los niveles fundamentales serán los mismos de la época anterior a la conquista, el de la nobleza y el del común o de los macehuales; pero en cada uno de esos niveles se producen durante el siglo XVI alteraciones que guardan cierta correspondencia con las acaecidas en la Península durante la baja Edad Media: el de la nobleza se dilata para albergar, junto a la aristocracia de sangre, una aristocracia gubernativa y plutocrática, constituida por los gobernadores, alcaldes, regidores, etc. —es decir, las magistraturas introducidas por los españoles para el régimen de los pueblos indígenas—; y el del común se escinde en dos, formado el uno por los macehuales económicamente independientes (labradores, comerciantes y artesanos pobres), y constituido el otro por los económicamente dependientes (obreros o laboríos y criados o nabo- ríos). La nueva aristocracia no debió ser muy numerosa. La razón de ello radica en que la antigua siguió acaparando gran parte de los cargos de gobierno en los concejos indígenas y, además, en que ella constituyó el grupo mejor situado para elevarse a la riqueza, pues, sobre tener un patrimonio territorial de cierta importancia, gozó del trato privilegiado que la Corona concedió a los nobles autóctonos en punto a mercedes, licencias y autorizaciones. En cambio, el grupo de macehuales económicamente dependientes se volvió pronto muy numeroso a causa de la creciente exigencia de brazos por parte de los españoles para sus múltiples empresas.

En el escalón más bajo de la sociedad se hallaban los mestizos provenientes de uniones ilegítimas —que fueron los más—, los mulatos de igual origen y los lobos y negros libres. No podían ejercer casi ningún cargo público, ni siquiera de los desprovistos de importancia. A los mestizos y mulatos habidos en legítimo matrimonio se les acercó todo lo posible a la situación jurídica de los blancos, pero se les excluyó del ejercicio de magistraturas y cargos algo señalados; incluso se les impidió actuar como escribanos y notarios.

8. LA VICTORIA DEL TRABAJO FORZOSO

El problema del aprovechamiento de la mano de obra indígena por los españoles entró en crisis pocos años antes de que Felipe II heredara el trono. Habíase resuelto a raíz de la conquista mediante la encomienda, que daba derecho a exigir servicios de los indios; pero como los encomenderos abusaron de esta facultad, la Corona se la fue reduciendo y terminó por retirársela completamente en 1549. Peor momento no pudo haber escogido el Emperador, pues por entonces comenzaba la era de la plata en la Nueva España y la necesidad de brazos para las labores mineras se volvió más imperiosa que nunca, De la grey española brotó un clamor casi general de protesta, al que se unieron algunos de los religiosos impugnadores del servicio personal prestado a los encomenderos. Argumentaron así los hispano-mexicanos: ¿iba a perderse por falta de brazos tan enorme riqueza apenas desflorada, que convertiría a la Nueva España en país prosperísimo y a los Césares hispanos en los monarcas más poderosos del mundo?; y si los oriundos de España eran pocos y reacios a emplearse en bajos menesteres, ¿quiénes, fuera de los indios, numerosos y paupérrimos, podían suministrar la mano de obra necesaria no sólo para la minería, sino también para otras empresas económicas exigidas por el progreso material de la colonia? Bien sabían peninsulares y criollos que los naturales, pequeños labradores en su inmensa mayoría, no se prestarían a trabajar por un jornal; pero puesto que sus raquíticas parcelas sólo exigían breves jornadas de labor al año y se pasaban lo más de él holgando, creían no ser contrario a la equidad que se les forzase a dar algunos días de servicio pagado, aduciendo al efecto que, sobre no causarles perjuicio en sus intereses, se les rendía el beneficio directo de la percepción de un salario y el indirecto del aumento general de la riqueza.

De nuevo la Riqueza y el Poder pesaron más que la Justicia. Carlos, comprensivo para quienes creando riqueza engrosaban su poder, resolvió el caso en favor de los empresarios españoles, y en instrucciones que envió al virrey don Luis de Velasco para autorizarle a repartir indios con destino a las minas, haciendas, ingenios, etc., vertió estas contradictorias palabras: “se les dará a entender (a los indios) que son libres, vasallos de su majestad y no esclavos ni sujetos a servidumbre alguna..., pero que tengan entendido que han de trabajar para su sustentación y que no ha de quedar a su voluntad, sino que si no quisieren trabajar, que sepan que han de ser compelidos a ello, pagándoseles”.

Al poner en práctica las órdenes del Emperador, los virreyes que dependieron de Felipe II crearon el procedimiento más equitativo posible para el reparto del servicio forzoso: distribuyeron toda la carga del trabajo necesario entre todos los indios, de manera que a cada uno de éstos correspondiera aproximadamente la misma parte de aquella carga. Para la prestación del trabajo se recurrió al sistema de turno —a la tanda o rueda, como se le llamó—, señalándose la proporción del 4 por 100 para lo más del año (la sencilla) y el 10 por 100 para la época del deshierbe y la siega (la dobla). El 4 por 100 suponía anualmente para cada indio tres semanas de trabajo, las cuales, en virtud del turno, estaban separadas por espacios iguales; así pues, cada indio venía a dar una semana de labor cada cuatro meses.

Con ser equitativa la distribución del servicio personal, y además de remunerado, relativamente pequeño el trabajo que imponía, no por eso dejó de irrogar grandes perjuicios a los indios. Como mayores señálanse los abusos a que dio lugar por parte de cuantos, con autoridad o sin ella, intervenían en su reparto o participaban en su disfrute, y las perturbaciones que ocasionó en la familia indígena. La separación temporal de los esposos ocasionada por él produjo muchas separaciones definitivas, pues los indios de reparto, sobre todo en las minas y en las poblaciones, solían contraer nuevos lazos o aficionarse a la vida viciosa de los centros urbanos o ser atraídos por los altos salarios de las explotaciones mineras, y se quedaban como trabajadores ordinarios en los lugares donde prestaban el servicio obligatorio. Precisamente por los efectos disolventes que producía en la familia indígena consideráronlo muchos religiosos como un verdadero azote de la sociedad colonial y pidieron con dramática insistencia su abolición al monarca.

9. EL ASEDIO DE LA PROPIEDAD COMUNAL Y EL LATIFUNDISMO

Muy opuestas fueron la actitud del indio y la del español frente a la propiedad. El español veía la tierra como un medio de adquirir riqueza y poder. Por ello, su deseo de tierra no se saciaba jamás; cuanto más tierra, mayor ascendiente sobre los demás y mayores medios para acallar sus innumerables necesidades. El indio veía la tierra como un medio para la satisfacción de sus primarias necesidades materiales o para el cumplimiento de una función social. Su deseo de tierra, era, por tanto, limitado; se conformaba con la indispensable para sus determinadas y estrechas exigencias. Así, pues, el español tenía que codiciar la tierra; el indio, no.

Fue también muy opuesto el concepto de la propiedad dominante entre los españoles y entre los indios: el individual entre aquéllos y el colectivo o comunal entre éstos. La relación del noble indígena con “sus” tierras no puede ser considerada como propiedad individual, sino más bien como tenencia especial, parecida a la feudal, con doble forma, la hereditaria o patrimonial y la temporal.

Cuando llegaron los españoles, una gran parte de la tierra estaba baldía, pues los indios, que precisaban poco a causa de lo limitado de sus necesidades y de la carencia de ganados, sólo cultivaban parcelas próximas a sus pueblos. Los conquistadores, por lo general, no despojaron a los indios de sus tierras; se apropiaron de las baldías, que les fueron distribuidas mediante las mercedes virreinales o las concesiones implícitas en el derecho de vecindad.

Pero el afán de riqueza y poder de los españoles infundía a su propiedad enorme fuerza expansiva. Poco a poco fueron apoderándose de las tierras sin dueño y cuando éstas se acaban comienzan a presionar sobre las de los indios. Los reyes trataron de defender la propiedad indígena, mas los españoles se valieron de toda clase de tretas y artimañas para irla royendo: de ventas “legales”, de mercedes “sin oposición” de los naturales, de donaciones “espontáneas” de tierras no utilizadas, de trueques “favorables” a los indígenas, etc. No faltaron, pues, despojos, que en algunos casos supusieron mermas considerables del patrimonio territorial de los pueblos de indios, pero en general los naturales defendieron tenazmente lo que constituía su principal fuente de vida y el pedestal de una posición económica independiente, logrando retener en sus manos el núcleo fundamental de sus propiedades comunales.

En la segunda mitad del siglo XVI lo más señalado en punto a la propiedad es el incremento que tomó el latifundismo. El germen principal de éste fue la estancia de ganado mayor o menor, cuyas dimensiones eran suficientemente grandes para formar, cuando se juntaban varias estancias en la misma mano, un latifundio. Medía 1.746 ha., la de ganado mayor, y 776 ha., la de menor. Hasta mediados de siglo no son corrientes las concesiones de estancias en número mayor a dos o tres; después se las encuentra con alguna frecuencia en los registros de mercedes. A los conquistadores y pobladores del Norte se les obsequian como si fuesen huertas; Ibarra recibió de una sola vez más de cincuenta estancias de ganado mayor. Quizá por eso el Norte fue la parte del país en que más abundaron, y tuvieron mayor extensión, las haciendas latifundistas; húbolas más grandes que las mayores provincias españolas. El establecimiento por Felipe II de la llamada composición de tierras, que fue una venta disfrazada de los baldíos, y la inversión en el campo de capitales formados en la minería y el comercio, contribuyeron mucho a la creación de extensas haciendas territoriales.

Por el poder social de que forzosamente investía al propietario, la hacienda latifundista dio origen a hondos problemas sociales cuyos efectos han llegado casi hasta nuestros días; produjo, sobre todo, lo que se ha denominado sin incurrir en exageración un nuevo feudalismo, pues sujetó, por diferentes procedimientos, a infinidad de trabajadores (peones) a la tierra, sumiéndolos en un estado bastante semejante al de los siervos de la gleba, y trasladó de hecho a los dueños poderes que correspondía ejercer a los magistrados reales.

10. MAYOR PATRIARCALISMO Y DESCENTRALIZACIÓN QUE EN LA METRÓPOLI

Mucho tiempo costó montar y acoplar los rodajes de la máquina gubernamental en la Nueva España. Apenas a mediados de siglo quedaban sólidamente colocados los últimos resortes de ese mecanismo, los más bajos, o sea los corregidores y alcaldes mayores, y aun transcurriría bastante tiempo antes de que se hubiese llegado a delimitar y ajustar la competencia de los principales magistrados y cuerpos políticos. Sólo en las postrimerías de la centuria estaría ya muy asentado el régimen gubernativo de la colonia; régimen que, por cierto, ofrecería caracteres peculiares, es decir, diferentes de los que distinguían a los regímenes de los reinos peninsulares.

En la Nueva España fue más acentuada la índole patriarcal del absolutismo español a consecuencia de la estrecha tutela que la Corona ejerció sobre los indios; y fue además, en la Nueva España, menor el rigor del absolutismo y mayor la descentralización política y administrativa; debiéndose aquello a la lejanía del poder central y al deficiente conocimiento que la Corte tenía de la realidad indiana; y esto, a la enorme extensión de los territorios y a la dificultad de las comunicaciones: la insuficiente información y la imposibilidad de consulta rápida obligaron a los monarcas a dejar mayor libertad de decisión y ordenación a las autoridades coloniales, mientras que las invencibles distancias restaron eficacia a los mandatos y a la fiscalización de los órganos centrales. A causa de los expresados factores fueron mucho mayores las facultades discrecionales de las autoridades americanas que las de sus similares metropolitanas. En las órdenes dadas a los virreyes aparecerán frecuentemente frases como éstas: “proveeréis como viéreis que más convenga”; “como persona que tenéis la cosa presente, proveeréis lo que mejor convenga a nuestro servicio”.

Tuvo la Nueva España como órganos de gobierno un virrey, una audiencia (Nueva Galicia poseyó audiencia propia), varios gobernadores e infinidad de alcaldes mayores o corregidores.

El virrey era el astro mayor del sistema gubernativo. Las leyes de Indias le dieron la categoría de representante de la persona real, y efectivamente eso fue en primer lugar: encarnación y representación de la majestad, la cual se manifestaba en el ceremonial, la corte y la guardia; marcándose sólo la diferencia con el monarca en el uso del palio reservado a éste, aunque se paseara también bajo él al virrey en los recibimientos, a pesar de expresa prohibición legal.

Por razón de cargo, el virrey era jefe de todas las grandes secciones del aparato gubernativo colonial. De la militar, como capitán general; de la política y administrativa, como gobernador del reino; de la judicial, como presidente de la audiencia; de la espiritual o religiosa, como vicepatrono de la Iglesia, y de la fiscal, como superintendente de la real hacienda. Pero sus funciones más específicas, las que ejercía en toda su plenitud y extensión, fueron las militares y las político-administrativas; pues, por lo que toca a las demás, sólo se le atribuía una intervención muy limitada, correspondiendo casi todas ellas, respectivamente, a la audiencia, al arzobispo y los obispos, y a la junta superior de hacienda y oficiales reales.

En la magistratura virreinal novohispana se reflejaron dos rasgos de la suprema institución a que representaba: la condición de centro o cabeza de todos los poderes y el patriarcalismo. Lo primero daba al virrey la posibilidad, y le adjudicaba el deber de intervenir en todo o de estar atento a todo. De ser cumplidor o celoso, no le quedaban al primer magistrado de la colonia muchos momentos de respiro. Por eso decía don Martín Enríquez que si bien en la Península se juzgaba que el oficio de virrey era en la Nueva España muy descansado y que en tierras nuevas no debía haber mucho a que acudir, a él le había desengañado de esto la experiencia y el trabajo que había tenido, pues hallaba que acá sólo el virrey era dueño de todas las cosas que allá estaban repartidas entre muchos, y sólo él había de tener el cuidado que cada uno debía tener en su propio oficio. El patriarcalismo constituía la cabeza de la colonia en la obligación de escuchar a todos los pretendientes a algo, a recibir las más variadas solicitudes de ayuda o protección, a dirimir los pleitos y diferencias entre instituciones y entre familias o personas…; pues nadie se daba por satisfecho hasta que su aspiración, su necesidad, su agravio, o lo que fuese, no eran conocidos y resueltos por aquel jefe. El mismo virrey citado antes, Martín Enríquez, manifestaba en las instrucciones a su sucesor en el cargo, que no había chico ni grande, ni individuo de cualquier estado o condición, que supiese acudir a otro sino a él en toda suerte de negocios, porque hasta los enojos y niñerías que pasaban entre algunos en sus casas les parecía que no tendrían buen suceso sino daban cuenta de ello al delegado del monarca: él había visto que la tierra pedía esto y que el virrey tenía que ser el padre de todos.

Entre los poderes gubernativos del supremo jerarca novohispano destacaban los de reglamentación de la vida colonial conforme a la ley o a falta de ella. Fueron importantísimos estos poderes a causa del poco desarrollo de la legislación central, que sólo contenía por lo regular normas muy generales, y de las grandes lagunas que en ella había. Los virreyes suplieron la doble carencia de normas mediantes las ordenanzas emitidas en virtud de sus facultades reglamentarias. Y tales ordenanzas virreinales constituyen quizá la mayor parte de la legislación colonial; y asimismo la base principal de las disposiciones reales, pues la mayoría de éstas no son otra cosa que ratificación o corroboración de normas dictadas por los virreyes. En la Nueva España casi toda la reglamentación de la vida social y económica —trabajo, minas, ganadería, tributo de los indios, etc., etc.— es obra de los virreyes, que a veces, por participar la audiencia en ella, se manifiesta bajo la forma de autos acordados.

Las facultades graciosas de los virreyes novohispanos fueron bastante extensas, a lo menos en un principio, y se contaron sin duda entre las facultades más apreciadas de aquellos jerarcas por la influencia social que les proporcionaban y por el bienestar y riqueza que mediante ellas creaban; pues las mercedes les sirvieron para atraerse a poderosos que no se contentaban con lo que tenían, premiar a los leales y celosos, nivelar las desigualdades creadas por las circunstancias entre los conquistadores o sus descendientes, proporcionar algunos recursos a los pobladores españoles, a los caciques o a los pueblos de indios, ayudar a instituciones culturales religiosas y humanitarias, y a huérfanos y viudas... De un plumazo, los virreyes podían cambiar completamente el destino de una persona, sacándola de la oscuridad o la penuria. Las mercedes que concedían eran de muy diversa índole: de dinero (en quitas y vacaciones, a los conquistadores y sus descendientes), de aguas, de tierras, etc.; pero las más importantes y frecuentes, las que entre todas constituyeron la gran mayoría, fueron las de tierra: caballerías (para la agricultura), sitios o estancias (para la ganadería), solares, huertas, corrales, sitios para ventas, molinos, batanes, ingenios de moler metales, caleras...

La limitación más molesta para los virreyes mexicanos fue, como en otras partes, la revisión posible de los actos de su peculiar competencia, los gubernativos, por la audiencia. Hay que tener presente que estos actos eran de muy variada índole, comprendiendo desde las disposiciones generales de gobierno —decretos y ordenanzas— hasta las resoluciones y mandatos particulares con que los virreyes respondían a peticiones o reclamaciones de personas en relación con el cumplimiento de provisiones reales o prescripciones, órdenes, etc., virreinales. De modo que si los particulares eran animados por la oposición de la audiencia a la política del virrey, oposición que se traducía en la abundancia de fallos favorables a los agraviados, la gestión de aquella autoridad tenía que ser paralizada u obstaculizada por la continua interferencia del alto tribunal. Así ocurrió, por ejemplo, durante el mandato de Velasco, el Viejo, quien se quejaba al rey de que la comisión que le fue conferida para el gobierno de la tierra era tan limitada y subalternada a la audiencia, que había dado lugar no sólo a la inobservancia de lo por él mandado en cumplimiento de las órdenes reales, sino a atrevimientos en general y particular, tanto “en apelar de las provisiones y no las obedecer del todo”, como en enemistarlo con la república de españoles. De la situación que producía tal traba de las facultades virreinales se hacían eco el P. Bustamante y otros religiosos franciscanos en carta al rey, de 20 de octubre de 1552, en la que manifestaban haber entonces gran confusión en la tierra, así entre los indios y españoles, como entre el virrey y la audiencia, porque él, como jefe de la colonia, quería proveer lo que mejor convenía a la utilidad y buen gobierno del país, y la audiencia por vía de apelación deshacía lo que aquél mandaba y disponía; de lo cual se seguía que los negocios no tenían buena expedición; y además, que la persona del virrey, representante de la del monarca, perdía gran parte de autoridad.

La limitación de los poderes del virrey por la acción judicial de la audiencia y por la intervención de ésta en muchos de los actos virreinales, trajo como consecuencia el enfrentamiento de aquella autoridad y este cuerpo. Las disposiciones reales recomendaban la mayor armonía e inteligencia entre el virrey y los oidores. En las visitas y ordenanzas de las audiencias —decía Mendoza a su sucesor— los monarcas ninguna cosa encargan tanto como la conformidad entre el presidente y oidores, y los oidores entre sí. “Esto he yo hecho cuanto a mí ha sido posible; de esto aviso a V. S. tenga especial cuidado. Pero las relaciones entre el virrey y los oidores como cuerpo fueron, por lo general, tirantes. Los oidores pudieron culpar de esto a los virreyes, muchos de los cuales propendieron a extender sus facultades en detrimento de las de la audiencia, e incurrieron en extralimitaciones y desafueros que el organismo garantizador del derecho estaba obligado a cortar. Los virreyes, a su vez, pudieron atribuir la desarmonía a los oidores, que, juntos, conspiraban siempre que tenían ocasión a disminuir los respetos y facultades del virrey y a ampliar las suyas con pretensiones extravagantes.

La pugna sorda y subterránea entre dichas autoridades, reflejada en mil incidentes menudos que en su mayoría pasan desapercibidos, fue el pan nuestro de cada día en los tiempos coloniales. Los choques trascienden bastante a menudo al público, y no es raro que lo conmuevan, dando lugar a hablillas, discusiones e incluso a la formación de bandos, que alteran no poco la tranquila vida de la capital. Y de tarde en tarde, provocan verdaderas guerras, cruentas o incruentas. Las colisiones graves no pasaron de los primeros tiempos de la colonia, quizá porque los virreyes, según vimos (IIBl), llevaron en ellas la peor parte, lo cual les haría luego ser más cautos en sus relaciones con la audiencia.

En definitiva, como el poder de los representantes del rey tenía muchos límites y en gran medida era compartido por altos organismos, la autoridad y el prestigio de los virreyes dependió, más que de sus facultades, de su moderación en el ejercicio de las mismas y de su tacto y habilidad para evitar los choques o conflictos con la audiencia y los jefes de la Iglesia, y para granjearse el amor o la estimación de los gobernados. Cualquier intento que un virrey hiciera para romper, en beneficio propio, el equilibrio de poderes —gubernativo, judicial y eclesiástico— existente, es decir, para tratar de hacer efectiva su condición engañosa de alter ego del rey, dominando a los demás poderes, estaba condenado al fracaso, por ser contrario a la voluntad expresa de los monarcas, que privaron a su “reflejo” americano de su propio carácter absoluto, y por no ser grato a los gobernados, a quienes no se les podía escapar que el equilibrio del poder constituía una garantía contra los excesos de las principales autoridades.

Dentro del sistema estatal de los Austrias españoles, las audiencias eran tribunales regionales superiores —intermedios entre los jueces locales y los concejos— para lo civil y lo criminal. Pero las audiencias americanas fueron más que esto; extendieron sus facultades a otros campos, reservados en España a los consejos: fueron, como ya indicamos, tribunales administrativos, pues conocían, a petición de parte, de las resoluciones gubernativas de los virreyes; y fueron también gobernadoras de sus distritos en los interregnos, es decir, cuando, faltando el virrey por muerte u otro motivo, no había sido designado sustituto por el monarca.

Por otra parte, las audiencias tuvieron una señalada intervención en el gobierno, bien como consejo del virrey, bien como organismo encargado de realizar ciertos actos de naturaleza gubernativa. Como consejo del virrey, según expusimos antes, la audiencia constituía un cuerpo especial denominado acuerdo. El grado de la intervención del acuerdo en el gobierno y la administración dependió de los virreyes. Unos hubo que no acudieron al acuerdo más que para consultarle, según ordenaba la ley, casos arduos e importantes; mientras que hubo otros que recurrieron a él para casi todo, teniéndole más que como consejo como órgano asociado al gobierno.

Ciertas provincias dependientes de la Nueva España —Yucatán, Nueva Vizcaya, Nuevo León y Nuevo México— fueron regidas por gobernadores, magistrados que estaban investidos de poderes semejantes a los del virrey, aunque sólo en lo político y administrativo. También tuvieron gobernadores algunas ciudades novohispanas, como Veracruz y Tlaxcala, pero estos magistrados sólo en el nombre se diferenciaron de los alcaldes mayores o corregidores.

Las alcaldías mayores fueron establecidas en la Nueva España, al igual que en la antigua, para la administración de justicia en las comarcas que dependían del rey. Poco después de la conquista había alcaldes mayores en Veracruz, Panuco, Coatzacoalcos, Zacatula, Huatulco, Puerto de la Navidad, Colima, Taxco, etc. En 1530 el monarca ordenó a la audiencia que pusiese corregidores en los pueblos de indios dependientes de la Corona, y veinte años después extendió la jurisdicción de estos funcionarios a los pueblos encomendados y declaró comprendidos en ella lo mismo a los indígenas que a los españoles. Pero además de estos corregimientos, que al ser introducidos se denominaron de indios, fueron establecidos otros con el mismo designio que en la Península, es decir, el gobierno de las ciudades. Y ocurrió que, por no haberse puesto ningún cuidado en mantener la diferencia inicial de estos cargos, se produjo pronto la más completa confusión entre ellos: a fines de siglo tendrán ambos casi idénticas funciones e importancia, sin que se sepa por qué se les dan distintos nombres.

Los corregidores o alcaldes mayores, cuyo número ascendía ya a 155 en el año 1569, eran principalmente jefes gubernativos y jueces superiores de sus distritos. En el cumplimiento de la función gubernativa dependían del virrey. Como justicias, conocían en primera instancia de los asuntos que les estaban directamente atribuidos y en segunda de las apelaciones de sentencias dictadas por los alcaldes ordinarios. De sus fallos cabía recurrir ante la audiencia, cuyas órdenes, autos y resoluciones estaban obligados a ejecutar. Si los corregidores y alcaldes mayores no eran profesionales del derecho, debían tener, para el ejercicio de sus facultades judiciales, un asesor letrado. También se confiaban a dichos magistrados funciones de muy diversa índole, verbigracia: de control, como las visitas, que debían efectuar una vez durante su mandato; fiscales, como la intervención en el cobro del tributo; administrativas, como la construcción y conservación de las obras públicas; de tutela y protección de los indios, etc., etc. En términos generales, cabría decir que eran los agentes del poder central colonial, es decir, del que tenía su sede en la capital del virreinato, para toda clase de funciones atribuidas en dicha capital a órganos muy deferentes —virrey, audiencia, oficiales reales, etc.

Dentro de su distrito, en los diferentes pueblos, salvo en el de su residencia, los corregidores o alcaldes mayores podían poner con licencia de los virreyes delegados suyos, que recibieron la denominación de tenientes de corregidor o de alcalde mayor. Estos oficiales tuvieron una gran importancia en la Nueva España por haber ejercido de hecho los poderes de sus mandantes y haber sido las autoridades que, como tales, más se relacionaron con los indios y las personas humildes.

La intervención que sus funciones daban a los corregidores y alcaldes mayores en la vida indígena era enorme: la recaudación de los tributos, la administración y empleo de los bienes de comunidad, la moral pública y la privada, la contratación, el transporte..., en fin, casi todo, de una manera u otra, en tal o cual de sus aspectos, debía o podía caer bajo su competencia. Esto, de derecho, es decir, conforme a sus facultades legales; porque de hecho, sobre todo cuando eran autoritarios o absorbentes, su intervención se volvía abrumadora, pues trataban de imponer en todo su voluntad, y especialmente de manejar a su antojo los concejos indígenas, de lo cual podían deducir no pocos provechos. Huelga casi sacar como consecuencia de lo dicho que los corregidores y alcaldes mayores cercenaron considerablemente, en la realidad, la autonomía que las leyes concedieron a los concejos indígenas. Mediante su autoridad —siempre temida de los indios— y sus manejos —aprovechando las diferencias y banderías que no faltaban nunca en los pueblos—, supieron aquellos magistrados quitar y poner oficiales de república y hacer aprobar a los cabildos las medidas que les interesaban y sus sugestiones sobre la inversión de los fondos y la colocación de los bienes de comunidad.

Creada con el noble propósito de proteger a los indios, la institución del corregimiento se corrompió pronto, degenerando en fuente de enriquecimiento de individuos favorecidos por personajes o influyentes de la Corte. Dos fueron con el tiempo sus mayores filones: el repartimiento de dinero, animales y objetos a los indios, y el comercio de frutos y toda clase de mercaderías dentro de su jurisdicción; reducibles ambos al trato de todo lo que podía ser objeto de buena colocación fuera o dentro del distrito, al que solían considerar como coto mercantil. A los indios les repartían muías, bueyes, aperos de labranza, semillas o dinero antes de la cosecha, y después de ésta les cobraban en frutos por el doble, el triple o más del valor que tenía en la localidad lo repartido o adelantado; y los frutos así obtenidos los llevaban a vender a los lugares donde producían más, como minas, puertos o ciudades. En la explotación económica de sus distritos eran sostenidos o ayudados generalmente por comerciantes adinerados (aviadores), de quienes recibían en préstamo el dinero o los artículos, o con quienes se unían en compañía o sociedad mercantil.

Por debajo de los alcaldes mayores o corregidores se hallaban los cabildos, cuerpos o corporaciones que regían y administraban las ciudades y villas españolas y los pueblos indígenas. Una composición idéntica a la de los peninsulares tuvieron los cabildos españoles novohispanos. Como a éstos, integrábanlos las dos grandes ramas de la gestión pública concejil: la justicia y el regimiento —o la administración—, cuyos respectivos magistrados eran los alcaldes ordinarios y los regidores. Al declinar el XVI, la autonomía de los cabildos novohispanos se había reducido mucho, pues los más de sus miembros, los regidores, eran nombrados por el monarca, las autoridades reales intervenían en sus deliberaciones y elecciones, y sus acuerdos más importantes debían ser aprobados por los virreyes.

Aprovechando las varias formas en que cabía dirigirse al monarca, o sea las súplicas, peticiones, quejas e informaciones, los cabildos hispanos de México lograron influir de manera muy acusada en el gobierno durante las primeras décadas de la colonia. Cuando el asunto objeto de aquéllas interesaba vehementemente a todos los vecinos españoles, reuníanse procuradores de los cabildos más importantes para adoptar las resoluciones —capítulos— que debían ser elevados al soberano y para designar, si procedía, los representantes encargados de entregarlas y de realizar las oportunas gestiones en la corte. Interesantísima, entre esas juntas de procuradores, fue la celebrada el año 1560 en la ciudad de México; a ella asistieron, además de representantes de los cabildos, voceros de los conquistadores, pobladores, comerciantes y mineros. Casi todos los privilegios concedidos por el rey a los colonos españoles fueron solicitados, en nombre de la tierra, por juntas de procuradores.

Los cabildos indígenas tuvieron una composición algo variada. Sus principales miembros fueron el gobernador, los alcaldes ordinarios, los regidores y el alguacil mayor; ellos integraban normalmente el verdadero cabildo. Pero al mismo tiempo que éstos eran elegidos en casi todos los pueblos indígenas ciertos funcionarios de dicho cuerpo, a saber, los mayordomos, los escribanos y los alguaciles de doctrina, algunos de los cuales probablemente formaron parte del cabildo en los pequeños concejos. En Toluca y otros lugares, los tequitlatos eran elegidos al hacerse la renovación anual de las magistraturas concejiles.

La variada composición de los concejos indígenas se reflejó en la forma de repartir los cargos entre los grupos, o lo que es lo mismo, en las maneras de atribuir la elección de los cargos a dichos grupos. Si, como en Tlaxcala, había en el concejo varias cabeceras, el nombramiento de gobernador debía recaer sucesivamente, por rotación, en cada una de ellas. Si, como en Toluca, había varias parcialidades (tres: la de los otomíes, la de los matlatzincas y la de los mexicanos), cada una de ellas designaba un alcalde y dos regidores. Si, como en Zinapécuaro, había una cabecera (el mismo Zinapécuaro) y otro pueblo importante (Acámbaro), la primera elegía un alcalde y la mitad de los regidores y el segundo otro alcalde y la otra mitad de los regidores. Ofrecemos estos pocos casos como ejemplos, pues la distribución de los cargos entre los grupos, a fin de igualar su representación, fue fenómeno general en el sector indígena.

En la elección de los miembros del cabildo indígena no se siguió por lo general la forma española, de la designación por el mismo cuerpo, sino formas muy diversas, en cuyo establecimiento debieron tener gran intervención la costumbre indígena y las respuestas de los virreyes a las peticiones de los gobernantes, la nobleza y el común de los pueblos indígenas. A dos grandes grupos —dentro de los cuales existen infinidad de variedades— cabe reducir las múltiples formas empleadas: uno, el de la elección restringida, por concederse el derecho activo o el pasivo de sufragio, o los dos, sólo a determinadas personas, los nobles (caciques y principales), los gobernantes (los antiguos y los actuales, o sólo los actuales, esto es, el cabildo, como en los pueblos españoles), los ancianos (solos, o con los nobles o los gobernantes), un número reducido de macehuales junto con los nobles, los gobernantes o los ancianos; y otro, el de la elección amplia, por concederse aquel derecho en sus dos aspectos a todos los vecinos. Forma electoral muy curiosa fue la de dos pueblos de la región de Cuernavaca, San Agustín Tonacatepec y Santo Tomás Tetelilla, en los cuales todos los vecinos elegían al gobernador y éste nombraba los alcaldes y demás oficiales de república. En conjunto, adviértese que en los pueblos grandes dominaba la forma aristocrática —la elección por grupos reducidos— y en los pequeños, la democrática.

Las elecciones debían ser aprobadas por el gobernador, corregidor o alcalde mayor del distrito; su confirmación competía al virrey. A los corregidores o alcaldes mayores y a los doctrineros se les prohibía mezclarse en las elecciones, salvo en el caso de recibir comisión del virrey para estar presentes en los comicios al objeto de evitar desórdenes. Sin embargo, así los unos como los otros intervinieron sin orden superior en las elecciones tan a menudo que el ramo de Indios del Archivo General de la Nación está lleno de mandamientos de los virreyes a aquellas autoridades civiles y religiosas para que dejasen a los indios hacer libremente sus elecciones.

En los cabildos indígenas, las funciones se distribuyeron de la misma manera aproximadamente que en los cabildos de los pueblos españoles en que había corregidor o alcalde mayor: al gobernador correspondieron, como al corregidor, funciones de gobierno y judiciales, y la presidencia del cabildo; a los alcaldes, funciones judiciales; a los regidores, funciones administrativas —de limpieza, ornato, mercados, etc.—·, a los alguaciles, funciones de policía; y a los mayordomos, funciones económicas —velar por los fondos públicos, llevar las cuentas, etc. Los cabildos de pueblos importantes tuvieron infinidad de empleados: los escribanos, los alguaciles especiales (para los tianguis, por ejemplo), los fiscales de doctrina (uno por cada cien indios), los tequitlatos (en relación con los tributos y cargas, pero utilizados también para otros menesteres; uno por cada cien indios), los capitanes mandones, o simplemente mandones (para el servicio personal; uno por cada cien indios), los músicos y cantores (para la iglesia y las fiestas públicas), y hasta los relojeros.

Aunque revestidas de la forma de organización española, las comunidades indígenas siguieron en parte muchas de sus costumbres, lo cual se aprecia grosso modo en las distintas y a veces raras modalidades de elección; en el régimen y administración de los bienes comunes; en los oficios dispuestos para obligar al común a cumplir sus deberes (los tequitlatos y los mandones); en los modos de aplicar la justicia, etc., etc. Sólo el estudio detallado de las instituciones políticas prehispánicas, que todavía falta, podrá dilucidar seriamente la cuestión de qué elementos tomaron y aportaron los indígenas al recibir su nuevo régimen local de manos de los españoles.

11. UNA RELIGIÓN QUE NO CALA. LA RETRACCIÓN DE LA IGLESIA

La penosa y gigantesca siembra espiritual realizada por la Iglesia española en tierras mexicanas, ¿qué frutos entregaba a la Corona de Castilla y a la humanidad cristiana cuando concluía el siglo en que fue iniciada? Ante el que inventariara esos frutos desfilaría una inmensa y rica obra material: iglesias, conventos y monasterios por doquier, formando una vastísima red distribuidora de doctrina y auxilios espirituales que cubría casi todo el territorio dominado y se adentraba en partes del insumiso. Y desfilaría también, guiada por sus pastores, una multitudinaria grey de indios acogida a los cristianos rediles, grey de la que sólo estaban ausentes algunos pequeños grupos indígenas marginales. El inventariador quedaría asombrado, ¡podía pedirse mayores y mejores frutos en tan breve tiempo! Un conocedor de la tierra le insinuaría que no juzgase sólo por la superficie o apariencia de las cosas, que penetrase hasta la entraña, de ellas y después dictaminase.

El buceo sugerido, al sacar a plena luz todo lo que estaba oculto, arrancaría al investigador una exclamación muy contraria a la anterior, ¡cómo era posible que una siembra realizada con sin igual empeño hubiese dado tan exiguos y dañados frutos! Pues la verdad por él columbrada era que la religión cristiana no había ganado el corazón de los indios, quienes sólo la profesaban de labios afuera, aceptándola como inevitable consecuencia de la dominación. Infinidad de testimonios irrefutables y la misma actitud recelosa hacia el indígena que adopta la Iglesia desde los setentas muestran la desoladora realidad: en la tierra arada y regada incansablemente por una sin par falange misionera la religión sólo había echado misérrimas raíces. ¿Cómo pudo ocurrir esto?

No escasean las respuestas en los documentos de la época cuando se los sabe interrogar. En ellos afloran sin cesar, de mil maneras traídos y llevados, los principales motivos de esa frustración. La doctrina católica misma fue uno de ellos. Sus dogmas y misterios resultaban inasequibles a los indios y además se mostraban completamente refractarios a la clara y precisa traducción a los idiomas de éstos, o a la transposición cultural. Los misioneros se dieron perfecta cuenta de ello y recurrieron a todos los modos posibles de representación —oral, escrita y por imágenes—, pero sus esfuerzos chocaron con aquella irreductibilidad que imposibilitaba la comprensión. Si esta vía de la penetración se hallaba cerrada, quedaba la más humana, y consiguientemente más “llegadera”, del amor y el sacrificio al prójimo. Por esta vía quizá el triunfo hubiera sido rotundo; por ella fue seguramente por donde los primeros religiosos se abrieron paso hasta el corazón de los indígenas y conquistaron su estimación y afecto. Tal vía dejó de andarse pronto. Vino, como tenía que venir, la avalancha de los valores y realidades de la dominación a sepultarla por completo.

Y éste fue otro de los motivos principales del susodicho fracaso. Las normas éticas y jurídicas que encauzaban la vida de los españoles eran diametralmente opuestas a las de los indios. El colectivismo indígena se encontraba en el otro extremo del individualismo de los españoles: la comunidad constituía para los indios firme asidero que no sabían hallar en sí mismos; desasirlos de su grupo o colectividad era como separar de sus padres a inermes criaturas. Y también andaban muy alejados, como ya señalamos, los motores económicos de ambas razas. Pero además, tuvo que resultar difícil de admitir por los indios el desacuerdo reinante entre los principios religiosos y morales de los españoles y su conducta. Cuando el indio, día tras día, podía medir con largas varas la distancia que mediaba entre la conducta del español y los preceptos de su religión y de su ética, ¿qué otra cosa podía hacer si no quedarse perplejo y mirar con aire escéptico una religión que dejaba tan “sueltos” a los fieles en lo tocante a la observancia de mandamientos y reglas?

Dentro de la sociedad indígena dos factores operaron como recios obstáculos a la recepción cabal del cristianismo. Uno de ellos, la mentalidad religiosa de esa colectividad, supera mucho en magnitud al otro, el resentimiento y revanchismo de la aristocracia autóctona. Enraizada en los indígenas una religión sin incompatibilidades y acostumbrados por ello a recibir dioses extraños en su panteón, tuvo que hacérseles muy cuesta arriba proscribir a los antiguos y aceptar la exclusividad de uno nuevo. Nada incomodó tanto al clero secular y regular como la mixtificación religiosa a que dio lugar tal “proclividad” de los naturales, pero poco pudo hacer para desterrarla; pese a la estrecha vigilancia y a los severos castigos, los indios siguieron aferrados al doble culto, la mayoría con indudable sinceridad, que reconocieron los mismos ministros de la Iglesia católica. El mestizaje religioso fue, sin duda, el primero y más dilatado mestizaje cultural que conoció la colonia.

El resentimiento y deseo de revancha de la aristocracia abatida actuó oponiendo a los dominadores una resistencia pasiva y atizando la hoguera de los odios y rencores que los excesos de los españoles provocaban entre los indios. Tiró más que nada aquel grupo a mantener vivo el antiguo espíritu de la sociedad indígena, y por consiguiente su acción fue ante todo conservadora. En lo que a la religión toca, hizo cuanto pudo por salvar el legado espiritual de su raza y por alimentar la propensión idolátrica de sus colectividades. El liderazgo civil de ellas, en que fue mantenido por la Corona, vínole de perilla para reforzar el poder religioso que la retención del sacerdocio les confería. Nadie se explicaría la larga supervivencia del culto ancestral, ni las frecuentes y a veces explosivas recaídas en la plena infidelidad, sin tan fuerte e influyente liderazgo.

Hacia la mitad del reinado de Felipe II adviértese un cambio muy pronunciado en la Iglesia novohispana. Bórrase casi por completo el optimismo y entusiasmo de los primeros tiempos, piérdese la confianza en las posibilidades del indio, adóptase hacia él una actitud recelosa, y se endurece y rutiniza el cuerpo eclesiástico.

A todo ello contribuye mucho la desaparición de la fuerza de choque misionera que con apostólica unción iniciara y diera originalísimos cauces a la obra evangelizadora. Los pocos que traspasaron la mitad del siglo: Gaona, Ribas, Marín de Jesús, Motolinía, Olmos y Toral, mueren entre 1560 y 1571. El equipo que sustituye lentamente a éste tira casi todo él por otro camino y termina por imponer su derrotero. A nuevos tiempos nuevas orientaciones y nuevos procedimientos. Apoyándose en las experiencias había que revisarlo todo, y antes que nada la actitud hacia el indígena y la apreciación de las necesidades de la colonia. Había, además, que conceder mucha atención a la organización interna, a la preparación de nuevos miembros, a la administración de conventos y fincas, etc. De la revisión de aquello y de la atención a esto, resultó un franco deslizamiento de las religiones hacia el criterio que los colonos españoles tenían de los indios y una mayor entrega a los menesteres subalternos. Si a ello se añade lo que para las órdenes supuso el excesivo crecimiento, que imposibilitó la rigurosa selección, y la posesión de ricos y deleitosos monasterios, que invitaban al tranquilo y placentero goce de la vida, se completará el cuadro de los cambios habidos en las órdenes y de los que determinaron e implicaron para la Iglesia mexicana las décadas finales del siglo XVI.

La nueva actitud de los religiosos hacia los indios —quizá lo más trascendental del señalado cambio— es hija en buena parte de los resultados rendidos por la obra de adoctrinamiento. Lo que se esperaba a corto plazo sólo se había logrado en cierta porción: los indios mostraban habilidad para aprender las cosas de los españoles, pero parecía imposible ganar su espíritu enteramente; nunca abandonaban su antigua manera de ser ni renunciaban a sus pretensiones de independencia. Estimóse, por ello, que instruirlos demasiado era contraproducente, pues se les daba instrumentos o armas para combatir a quienes se esforzaban por introducirlos en un mundo mejor. Del recelo que suscitaba la elevación cultural del indio al mismo nivel que el español, hacíase eco el arzobispo de México en carta dirigida al rey el 22 de enero de 1585. Decía en ella: “según lo que he entendido de personas doctas y religiosas, lo que he notado de la condición y capacidad de los indios y la experiencia que tengo de ellos, parece que hasta que con el tiempo y trato de los españoles adquieran más talento y estén más arraigadas y envejecidas en ellos las cosas de la fe, no conviene que sepan latinidad, retórica, filosofía ni otra ciencia alguna”.

No tardó mucho en caer el reducto más obstinado de la actitud pro-indígena, que fue la orden franciscana. El año 1570, reciente aún la muerte de Motolinía, el último de “los doce”, decidió el capítulo provincial de la orden, no sin desgarrones en su seno, unirse a la general corriente. Triunfante la actitud retractiva, se estrechó más y más el círculo de las enseñanzas ofrecidas a los indios y se llegó en la precaución hasta el límite de quitarles la oportunidad de conocer, ni siquiera a través de españoles, sus propias culturas: Tlatelolco, la magnífica fundación franciscana para la instrucción de la nobleza indígena, fue condenada a la agonía; y a sufrir la pena de reclusión perpetua ingresaban en las arcas secretas del consejo de Indias dos historias hoy famosas, la de Sahagún y Motolinía, y una relación no menos famosa, la de Michoacán, recogida y compuesta, a lo que parece, por Martín de Jesús.

En su composición, organización y funcionamiento la Iglesia novohispana se diferenció notablemente de la española. Debióse ello a la necesidad en que se vio de incorporar a su aparato un considerable grupo de religiosos y a la acción que hubo de ejercer sobre un enorme contingente de fieles nuevos cuya cultura en nada se parecía a la hispana.

Todavía más estrechamente que la peninsular dependió la Iglesia americana de la Corona, pues los monarcas, junto a los derechos que en la española ejercían, recibieron como concesión papal, en la americana, el de percibir a perpetuidad los diezmos; el de destinar religiosos para la obra misional, y el de autorizar la edificación y dotación de iglesias, monasterios, obras pías, hospitales, capillas, etc. Como contrapartida de estas prerrogativas dichos soberanos contrajeron con la Santa Sede la obligación de erigir y sostener las iglesias necesarias, y la de correr con los gastos de culto y clero. Por consiguiente, toda la organización de la Iglesia americana tuvo como centro o corazón al monarca, quien apareció como su cabeza mucho más que el remoto e inoperante Sumo Pontífice. Con Madrid y no con Roma se relacionan continuamente los altos dignatarios de aquella Iglesia, ya que Madrid y no Roma concedía las prebendas y pronunciaba la palabra decisiva. Tan pendiente estuvo de la Corte española el cuerpo eclesiástico americano como el secular; con tanta avidez como éste esperó aquél las nuevas de la Metrópoli que llegaban en cada flota. Y es que entre tales noticias solía venir una larga lista de destinos, ascensos de categoría en su mayor parte, y de recompensas, que daban satisfacción o dejaban sin ella a lo que ambos órdenes de funcionarios anhelaba más, la elevación en la dignidad y en la retribución.

El cuerpo eclesiástico novohispano estuvo compuesto por dos partes muy diferenciadas, la secular y la regular, cada una con su propia organización. Tardó bastante en fraguar la estructura del sector secular, que siguió en todo la pauta peninsular: la gran provincia eclesiástica, u obispado, dividido en una multitud de pequeños distritos, o parroquias, fue su eje. Cierto es que ya en 1548 había en la Nueva España un arzobispado, el de México, y cuatro obispados, los de Puebla, Valladolid, Oaxaca y Guadalajara. Pero, en cambio, no avanzaba gran cosa el establecimiento de parroquias, obstaculizado, a la vez, por la falta de párrocos idóneos y por la extensión que habían alcanzado los “cotos” regulares, o territorios ocupados por los religiosos.

Éstos, sobre cuyos hombros cargó la penosa labor evangelizadora, se difundieron rápidamente por el territorio mexicano y lo cubrieron de misiones, organismos que, junto a las funciones propias o de catequesis, realizaban las que competían a la parroquia, o sea la de cura de almas y administración de los sacramentos. La distribución de las distintas órdenes por el territorio mexicano fue muy desigual, pues no obedeció a ningún plan o sistema preconcebido: se asentaron al principio donde les pareció necesario para llevar a cabo su labor y luego en los lugares donde su presencia era requerida por los virreyes o ellas mismas la solicitaban. Para dar idea del alcance espacial y el desarrollo orgánico de las regiones puede servir el siguiente estado numérico del año 1559: la orden franciscana, primera en llegar (1524), contaba entonces con 80 casas, en las que laboraban 380 religiosos; la dominica, que vino dos años después, tenía 40 casas, pobladas por 210 religiosos; y la agustina, que hizo su entrada algo tarde (1533), disponía de otras 40 casas, donde se agrupaban 212 frailes.

Hacia fines de siglo estaban ya claramente determinadas las áreas ocupadas por cada orden. En el centro se hallaban entremezcladas, pero una buena parte de los principales pueblos indígenas —Tlaxcala, Texcoco, Huejotzingo, etc.— estaban bajo la jurisdicción de los franciscanos, quienes extendían el ámbito de su acción al norte (Querétaro, Zacatecas, Durango y Sinaloa) y el oeste (Jalisco). Los dominicos ejercían de manera exclusiva su apostolado en una gran región de Oaxaca (la Mixteca y otros lugares), y los agustinos monopolizaban la labor doctrinadora en el actual estado de Guerrero, en las comarcas orientales de Michoacán y en algunas partes de la Huasteca. Al comenzar la centuria siguiente la orden franciscana había fundado cuatro provincias: las de México, Michoacán, Jalisco y Zacatecas; tres, la dominica: las de México, Oaxaca y Puebla; y dos, la agustina: las de México y Michoacán; provincias que indican claramente las regiones donde más se concentraba la acción de las tres órdenes. A los jesuítas, incorporados muy tardíamente a la empresa evangelizadora, se les reservó un hueco en el lejano Norte, en donde establecieron sus primeras misiones (Sinaloa, Parras, etc.) cuando corrían los dos últimos lustros del siglo.

No incurren en exageración los que califican de gigantesca a la obra realizada por los religiosos novohispanos en la centuria decimosexta. Pues fuelo, sin duda, y en múltiples aspectos. Sólo señalar lo que en esa obra lleva impreso el sello de la originalidad, rebasaría muchísimo los límites de una disertación introductoria. Baste decir, para dar idea de ello: que fueron los primeros en acometer y efectuar un estudio en masa de las lenguas indígenas; por 1580 llevaban ya escritas la enorme cifra de 108 obras —vocabularios, doctrinas, etc.— en esos idiomas: 66 en nahua, 13 en tarasco, 6 en otomí, 5 en matlatzinca, 5 en zapoteca, 4 en huasteco, 2 en totonaca, 1 en zoque y otra en el dialecto de Chilapa; que nadie, antes que ellos o en su tiempo, investigó con tanta penetración y tanto ahínco la etnografía e historia de los pueblos aborígenes. ¿Cuánto se podría avanzar hoy en esos campos sin la imponente e inestimable aportación de Sahagún, Motolinía, Martín de Jesús, Landa, etc.?; que introdujeron métodos de instrucción llenos de novedad, en los que no deja de haber algo útil o digno de ser tenido en cuenta para la educación de multitudes en pueblos primitivos; de todo echaron mano para “llegar” a los grandes concursos de educandos: a los carteles de historietas, a las representaciones mudas y habladas, a las pláticas ilustradas con ejemplos vivos, etc., etc.; que hicieron arraigar en gente tosca el gusto por la música, la danza y la canción sencillas; raro fue el pueblo algo grande por ellos dirigido donde no hubiese orquesta ni figurasen cantos y danzas entre los espectáculos principales de los días festivos, y que realizaron una obra social sin paralelo en su tiempo y acomodamientos culturales de enorme trascendencia. Para ilustrar la primera, ahí están las misiones, singularmente en el Norte, que en muchas partes fueron comunidades integrales, es decir, que procuraban satisfacer las necesidades de los individuos y del conjunto, desde las alimenticias a las espirituales, organizando la producción y la distribución de bienes, la construcción de viviendas, el cuidado de los enfermos, la asistencia a los menesterosos, etc. Y también están ahí, para ilustrar los acomodamientos culturales, la supervivencia por los religiosos conseguida de los antiguos servicios y aportaciones de los indígenas a sus colectividades bajo la nueva forma de las cajas de comunidad.

Y si ya fuera de lo más original, buscáramos en esa obra, con el propósito de inventariarla someramente, todo aquello que destaca por su grandeza o trascendencia, ¡cuántas cosas nos saldrían todavía al paso! Por la grandeza, una inmensa constelación de construcciones eclesiásticas y civiles: templos, hospitales, acueductos, canales, etc. Y por la trascendencia, la defensa de los indios, que se tradujo en un mejor tratamiento de éstos; la urbanización de sus pueblos; la comunicación a los naturales de las técnicas agrícolas y fabriles europeas; la introducción en sus comunidades de plantas y animales ultramarinos...

El apoderamiento y la retención por los religiosos de las funciones eclesiásticas en vastas regiones y el influjo que tenían sobre la mayoría de los indígenas, opúsolos agudamente al clero secular, cuya autoridad y posibilidades de expansión reducían tanto. Virtualmente, los regulares eran independientes de los cabezas de la Iglesia novohispana, pues la Santa Sede les había concedido la facultad de actuar como párrocos y ejercer el sacerdocio aun sin la autorización de los obispos, independencia ésta que se vio muy favorecida, en primer término, por la circunstancia de haber sido los evangelizadores del país; en segundo, por el prestigio de que les rodeó su admirable apostolado, y en último término, por el hecho de haber salido de sus filas la mayoría de los primeros obispos que tuvo la colonia. La situación de pugna a que la preponderancia de los religiosos daba lugar no hizo verdadera crisis hasta que ocuparon la más alta magistratura eclesiástica de la Nueva España miembros del clero secular. Moya de Contreras, primer arzobispo mexicano de esa extracción, es, a nuestro entender, el iniciador de la lucha tendiente a colocar a las órdenes en su lugar, reduciendo sus posiciones para aumentar las del cuerpo eclesiástico ordinario, y extendiendo y afirmando la autoridad de los metropolitanos. Céntrase la contienda en la reversión de los curatos al clero regular y en el sometimiento de los religiosos a las autoridades eclesiásticas de su jurisdicción, por lo que respecta, claro está, al ejercicio del sacerdocio, o de las facultades que como curas tenían. Y tráense a colación, en el forcejeo entre partidarios de unos y otros, los argumentos y hechos de orden positivo que estaban en circulación desde las primeras escaramuzas (sexto y séptimo decenios del siglo). Terminada la obra evangelizadora o misional, ¿por qué no dejaban los religiosos a los curas ejercer su ministerio propio y se reintegraban ellos a sus conventos para vivir conforme a las reglas de su respectiva orden? ¿Qué era eso de seguir mezclándose con la gente, haciendo la vida del siglo y andando por parejas de un pueblo a otro, expuestos a mil peligros, sobre todo cuando se trataba de frailes jóvenes, poco curtidos en la guerra contra las tentaciones mundanas? ¿Por qué impedir el establecimiento en sus “reservas” a los curas ordinarios si ellos eran pocos y no podían pastorear a sus muchísimas ovejas? A estas preguntas-argumentos que una y otra vez se les dirigían podían contestar los religiosos que su obra de adoctrinamiento no estaba aún terminada; que si bien faltaban religiosos, más todavía faltaban curas, y no escaseaban, por consiguiente, los lugares donde emplearlos, pero éstos codiciaban precisamente los buenos pueblos donde los frailes ejercían su ministerio; que sus miembros habían dado ejemplo de intachable conducta y que la precaución de integrar las parejas con viejos y jóvenes alejaba todo lo posible el peligro de la comisión de faltas graves.

Casi no necesitaban los regulares contestar ni defendiéndose ni atacando a los contrarios, pues otros en la colonia lo hacían por ellos: los indios, que solieron oponerse al cambio de religiosos por clérigos, y los principales y mejores virreyes del siglo XVI. Mendoza se mostró siempre muy partidario de ellos y no le gustaba ver instalados a los clérigos en pueblos de indios por entender que los venidos a América eran “ruines” y todos se fundaban “sobre interés”. Igualmente inclinados a los frailes fueron Velasco el Viejo y Martín Enríquez. El primero les dio tanto favor que incurrió en las iras del arzobispo Montúfar, causándole ello grandes disgustos. Martín Enríquez no dejaba pasar ocasión sin solicitar del rey el envío de religiosos, pues estimaba que “quitados los frailes”, no se podía “suplir la falta con un clérigo”; y aun después de saber que en una flota llegarían veinticuatro franciscanos, insistía en carta a su soberano que siguiese ordenando más traslados de religiosos a la Nueva España, tantos como pudiese.

Contando en su favor con una meritísima obra, poderosas razones y excelentes abogados, las órdenes religiosas tenían ganada la partida. Pudieron conservar las posiciones adquiridas; si algo cedieron en algunas partes les fue dado en otras. Y así continuaron hasta el siglo XVIII en que la cuestión del derecho a los curatos volvió a ser puesta sobre la mesa.

Pero el triunfo era más bien la consecuencia de la debilidad del adversario y de la capitalización del prestigio conquistado en la cruzada misional, que el resultado del empuje y el espíritu actual de la grey eclesiástica regular. Si los religiosos cotejaban lo que fueron en los tiempos heroicos de la evangelización con lo que eran a fines de siglo, no podrían sentirse muy satisfechos. Ya hemos señalado en qué consistió el profundo cambio que se operó entre una época y otra y cuáles fueron sus principales causas. En toda la gran zona central del país —su médula—, perdieron el empuje arrollador y el espíritu sencillo, abierto, justiciero e insobornable de los comienzos. Ricard dice más o menos claramente que el disfrute de bienes terrenales los aburguesó y que el gobierno de sus enormes y complicadas organizaciones los burocratizó. En verdad, y por lo que fuere, el crecimiento convirtió a las órdenes en pesadas máquinas rutinarias; en máquinas que siguieron tranquilamente los carriles trazados en el Viejo Continente. Cabría, pues, añadir que las órdenes se europeizaron: se desasieron del indio, desterraron de su mente la curiosidad por la sociedad y los monumentos indígenas, y asfixiaron en su alma los conatos de rebeldía contra las injusticias y los atropellos. Si bien se mira, fue esto en rigor consecuencia obligada de la inundación humana sufrida por las órdenes: el triunfo de la masa, y por consiguiente de las medianías. A los que habían heredado el espíritu de los grandes, sólo les quedaba el recurso de encaminarse al lejano Norte, en donde todavía era posible reproducir las prístinas gestas americanas de sus órdenes.

12. UNA CULTURA REFLEJA. EL DESPUNTAR DE LA PERSONALIDAD

En todos los aspectos de la vida cultural no pudo hacer otra cosa la naciente colonia que reflejar en escala reducida las formas, modalidades y creaciones de la Metrópoli. Valen pues, en términos generales, para el universo intelectual novohispano de la segunda mitad del XVI, las consideraciones que acerca del español hemos hecho en el correspondiente capítulo (lB3e).

Dentro de la imagen refleja, sin embargo, no todo fue copia reducida. Hubo un sector de esa imagen, el historiográfico y etnográfico, que destaca muy fuertemente sobre los otros, el literario, el científico y el teológico, igualando y aun superando al mismo sector del orbe cultural hispano. Ni tampoco en lo que quedó al margen de la reproducción disminuida dejará de descubrirse una parcela original, cual fue la enseñanza y educación de los indios. Oportuno es advertir que ambas cosas, o sea, todo lo que da importancia y realce a la nueva cultura, se deberá al reto del mundo indígena. Y detenemos aquí el tratamiento de estos puntos para no hacer pasar al lector dos veces por el mismo camino, pues en otras partes de nuestro estudio (IB3e, IIC11) expusimos ya los hechos y cuestiones que mayor interés ofrecen al respecto.

Durante el reinado de Felipe II, ocurre en la Nueva España dentro del ámbito educativo un hecho digno de ser notado: el establecimiento por los padres jesuítas del Colégio Máximo de San Pedro y San Pablo. A partir del año 1573, en que empezó a funcionar, se convirtió en centro docente predilecto de la aristocracia criolla; predilección que pudo tener como fundamento el gran desarrollo dado por ese plantel a los estudios humanísticos —la gramática, la retórica y la literatura—, que eran entonces los preferidos de la juventud distinguida, muy afecta al cultivo de las bellas letras, por estimarlas ornato principal de las personas eminentes. Al cerrar el siglo, más de setecientos estudiantes seguían cursos en el gran colegio jesuítico; los alumnos de la universidad apenas alcanzaban la mitad de esa cifra.

En las diversas manifestaciones culturales va notándose durante el siglo XVI, sobre todo en su segunda mitad, cómo despunta o se insinúa la personalidad mexicana, o cómo van surgiendo y marcándose sus rasgos diferenciales.

La peculiaridad se irá amasando con temas y palabras de acá, y con el carácter y la sensibilidad resultantes de la mezcla racial y cultural. Han captado esa “revelación”, en la poesía, dos ilustres estudiosos de ella, Méndez Planearte y Alfonso Reyes. El primero asevera que “si no en su estética, sí matizó sus frutos poéticos la Nueva España, desde este siglo, con la savia y el aire nuevo de sus temas históricos o descriptivos, alusiones locales y costumbristas, mexicanismos, y rasgos del naciente carácter de sus gentes, dando al conjunto de esta poesía cierto sabor y tono ya mexicanos”. Corroboran el aserto de Méndez Planearte los siguientes versos del Romance del mestizo, compuesto muy a principios del siglo XVII por el trotamundos Rosas de Oquendo:

¡Ay, señora juana!

Por Dios, que me enoje

si vuesé no cura

aquestos dolores.

¡Ay, Juanica mía,

carita de flores!

¿Cómo no te mueres

por este coyote...:

     ... el que en la laguna

no deja ajolote,

rana ni jüil,

que no se lo come;

     el que en el tiánguez,

con doce chilchotes

y diez aguacates,

come diez camotes?

     —Aquesto cantaba

Juan Diego, el noble,

haciendo un cigarro;

chupólo, y durmióse.

               *